Entre 2014 y 2018, EE.UU. sólo reconoció el 18,2% de los casos de asilo solicitados por los salvadoreños que entraban en el país. En ese mismo periodo de tiempo, unos 111.000 salvadoreños fueron deportados de los EE.UU.

Estas son las estadísticas publicadas recientemente por Human Rights Watch, una organización no gubernamental internacional que lleva a cabo investigación y defensa de los derechos humanos.

Las estadísticas fueron parte de un estudio más profundo, publicado el 5 de febrero, que se adentra en las consecuencias a veces mortales que los inmigrantes salvadoreños enfrentan cuando son deportados de vuelta a El Salvador desde los EE.UU.

Según el informe, al menos 138 inmigrantes salvadoreños fueron asesinados entre 2013 y 2019 después de ser deportados de los EE.UU.

Los datos fueron recopilados a través del análisis de los crímenes y de los informes de noticias de El Salvador y de entrevistas con las familias y amigos de las víctimas, tanto en El Salvador como en los EE.UU.

Es el panorama completamente inverso al que presenta el Presidente Trump cuando habla públicamente de los migrantes que vienen del sur de la frontera. 

Los ha caracterizado como asesinos y violadores, pero en su mayoría, los inmigrantes procedentes de América Central -especialmente de El Salvador- dejan a los asesinos y violadores en sus países y huyen para salvar sus vidas.  

El Salvador es un país pequeño, del tamaño de Massachusetts, con una población de aproximadamente 6,3 millones de habitantes, pero lamentablemente tiene la tasa de asesinatos más alta del mundo (61,8 por cada 100.000 personas). 

Se debe a pandillas como la MS-13 y la calle 18 que dominan grandes franjas del país. El informe de HRW encontró que las pandillas tienen presencia en 247 de los 268 municipios de El Salvador. 

En algunas zonas, suelen ocupar el lugar de una fuerza policial local inexistente o corrupta para los residentes, pero también se dedican al tráfico de drogas y de personas, la intimidación y la extorsión.

Todas las víctimas detalladas en el informe huían a los Estados Unidos por temor a perder la vida, ya sea escapando del pandillismo, las deudas o las amenazas de las autoridades locales.

Algunas muertes ocurrieron el mismo día de su regreso al país, otras fueron asesinadas tras algunas semanas o meses. También hubo una gran cantidad que llegó a El Salvador un par de años antes de ser encontrada y asesinada. 

HRW también llegó a la conclusión de que su número de 138 muertes era probablemente inferior a la cantidad real de deportados que morirían después de regresar a El Salvador.

En cuanto a la población salvadoreña en los Estados Unidos, el informe de HRW encontró 1,2 millones de personas que viven en los Estados Unidos, que no son ciudadanos, y poco menos de una cuarta parte de esa cantidad son residentes permanentes legales. 

Eso significa que tres cuartas partes son indocumentados o tienen un "estatus legal temporal o precario" como dice el informe.

Un gran número de salvadoreños están protegidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el DACA, pero los constantes ataques de la administración Trump a la legislación dejan a muchos en un constante estado de temor.

La administración decidió terminar con el TPS en enero de 2020, pero debido a una orden judicial, extendió la autorización de trabajo hasta 2021. DACA permanece en el punto de mira de la administración.