Cuando hablamos de “deportación” el factor tiempo es fundamental. El procedimiento legal permite un lapso de apelación y de asesoría legal que ha dado la oportunidad a miles de ciudadanos de permanecer en Estados Unidos, el país que han escogido para empezar una vida desde cero.

La administración Trump está al tanto del asunto y ha sido este el flanco que han decidido atacar esta vez.

Una nueva propuesta ha estado recorriendo los pasillos de la Casa Blanca desde el mes de mayo y ha llegado a manos del Washington Post hace tan sólo tres días; el medio lo ha hecho público y las preocupaciones del Caucus Hispano del Congreso parecen ser cada vez más certeras: podríamos estar en el umbral de una deportación masiva.

Desde el 2004, el Departamento de Seguridad Nacional ha estado autorizado para omitir los procesos legales en las cortes de inmigración tan sólo en casos de inmigrantes que han vivido sin papeles en el país durante menos de dos semanas y que hayan sido detenidos en un rango de 100 millas de la frontera. Pero una nueva propuesta permitiría a la agencia buscar la “remoción expedita” de inmigrantes indocumentados que hayan sido detenidos en cualquier lugar de Estados Unidos y que no puedan demostrar que hayan vivido en el país de manera continuada por más de 90 días.

Esta es la información contenida en el memorando obtenido por el Washington Post la semana pasada, que demuestra que la preocupación de la nueva administración va más allá de un muro fronterizo.

Según dos funcionarios de la Casa Blanca, la nueva política, que no necesita aprobación del Congreso, está actualmente siendo revisada en conjunto con la Oficina de Administración y Presupuesto. Por su parte, Joanne F. Talbot, vocera del Departamento, ha declarado que no ha visto el borrador y ha asegurado que la decisión final fue tomada por el Secretario de Seguridad Nacional John F. Kelly.

“Los potenciales cambios permitirían al DHS utilizar de manera más eficiente los recursos para remover a personas que hayan estado de manera ilegal en el país durante breves períodos de tiempo, mientras sigue observando los requisitos del debido proceso”, aseguró Talbot.

Según reportó el Post, defensores de los derechos de los inmigrantes han denunciado la expansión de la autoridad para las deportaciones expeditas, “advirtiendo que la política podría quitarle a más inmigrantes los derechos a un proceso regular para buscar asilo y otras protecciones legales que les podrían permitir quedarse en el país”.

Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Legal Nacional de Inmigración aseguró que “esta es una salida radical de la política y práctica actuales, que daría un gran paso hacia la implementación de la fuerza de deportación de Trump a nivel nacional”.

Pero el Departamento de Seguridad Nacional ha manifestado a través de sus funcionarios que la nueva política sencillamente permitiría a la agencia trabajar con discreción bajo la ley federal.

Entre el aumento del presupuesto para la defensa en la frontera, la remoción de las restricciones a la deportación en caso de individuos sin récord criminal y ahora la aprobación de las deportaciones expeditas, son mecanismos escondidos en el caballo troyano de Trump que aboga por un país más seguro, usando como chivos expiatorios a los inmigrantes indocumentados.