En un país que ha demostrado tener un sistema económico y de salud desigual y frecuentemente injusto, una pandemia tan agresiva como la del COVID-19 es la peor de las noticias.

Con más de 5.700 casos reportados en el país (y contando), el divisionismo de la Administración Trump se ha quedado corto frente a la agresividad de un virus que no distingue clases sociales ni estatus migratorios.

A pesar de tener una tasa de mortalidad muy baja, el COVID-19 cobró su primera vida en Estados Unidos el 29 de Febrero en King County en Washington, tan sólo 5 días después de que el Departamento de Seguridad Nacional diera luz verde a la nueva Ley de Cargos Públicos, aprobada por la Corte Suprema en un fallo de 5-4 votos.

La medida, frecuentemente llamada la “prueba de riqueza”, prohíbe a cualquier persona que pretenda solicitar una residencia definitiva en el país de utilizar fondos de asistencia del gobierno como cupones alimenticios, Medicaid o vales de vivienda, so pena de ser considerados “una posible carga pública”.

Según explicó Stat News, “la recepción de Medicaid después del 24 de febrero es un factor muy ponderado en la determinación de si es probable que el individuo sea una carga pública en el futuro”.

Considerando que es posible que millones de ciudadanos sin documentos se desinscriban de Medicaid para evitar problemas a la hora de poner sus papeles en orden, los protocolos para el control de la pandemia del Coronavirus podrían no incluir a estas comunidades.

"Como resultado de estas barreras, así como del hecho de que los no ciudadanos están desproporcionadamente empleados en trabajos que no proporcionan seguro, los no ciudadanos tienen muchas menos probabilidades de tener cobertura médica que los ciudadanos", explica el medio. “Aunque siempre son preocupantes para la salud pública, es probable que estas barreras sean especialmente peligrosas durante una pandemia.”

De igual manera, y ante la campaña de persecución establecida por el gobierno a través de agencias como Inmigración y Aduanas, en caso de presentar síntomas, es muy poco probable que los inmigrantes sin documentos se presenten voluntariamente ante los centros de atención médica “por miedo a que su información sea compartida con ICE”, explicó Ismael Castro, gerente de proyecto en la construcción de comunidades saludables en el barrio de Boyle Heights de Los Ángeles, a NBC News.

En California, uno de los estados con mayor población hispana y con mayor número de casos reportados (583), los agentes de inmigración se hicieron sentir en las calles durante el primer día de confinamiento, donde fueron vistos haciendo redadas usando guantes y mascarillas y evitando el contacto con los detenidos.

Según reportó el Los Angeles Times, más de 45 organizaciones por los derechos de los inmigrantes han firmado una carta dirigida al Departamento de Seguridad Nacional para que suspenda este tipo de actividades, en especial durante la epidemia.

A pesar de haber suspendido gran parte de sus actividades, como clases magistrales y entrenamientos, el Departamento ha mantenido las redadas.

Asimismo, la política de la Administración de “Permanecer en México” ha confinado a alrededor de 60.000 inmigrantes a condiciones poco sanitarias en la frontera, donde esperan su turno para solicitar asilo.

“Mientras estas personas vulnerables esperan ayuda humanitaria, un brote del virus en sus refugios y campamentos podría ser devastador,” explica el abogado de inmigración Raúl A. Reyes en su columna para The Hill. “Una vez más, esto no sólo afectaría a los migrantes: debido a su naturaleza altamente contagiosa, un brote de coronavirus a lo largo de la frontera probablemente expondría a los agentes de la Patrulla Fronteriza, a las tropas de EE.UU. y a los trabajadores de ayuda al virus también.”