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La transición a energías limpias es una de las principales propuestas del actual presidente Gustavo Petro.
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Nuevo proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia

Este miércoles, varios congresistas presentaron el proyecto por cuarta vez, con la esperanza de que pueda convertirse en norma.

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Con esta ley se pretende "prohibir en el territorio nacional la exploración y producción de yacimientos no convencionales (YNC) y la utilización de la técnica de Fracturamiento Hidráulico Multietapa, conocida como Fracking, para la explotación de hidrocarburos", según el texto, que pretende obligar al Gobierno a "reformular la política pública de transición energética".

Impulsada por organizaciones como la Alianza Colombia Libre de Fracking, quienes se mostraron seguros de que esta será la definitiva “por fin vemos con claridad que se volverá ley de la República", dijo Andrés Gómez, uno de sus portavoces.

Por otro lado, Susana Muhamad, ministra de Ambiente aseguró en una rueda de prensa que "es la primera vez de las cuatro veces que se presenta este proyecto que hay un acuerdo de un sector amplio, que hay un acuerdo con el Gobierno nacional y hay un acuerdo con el movimiento social".

La ministra, reconocida ambientalista, ha sido una voz firme en contra del fracking en el país, es por eso que se comprometió a firmar ese proyecto de ley que fue promesa en campaña.

"Es nuestro compromiso trabajar por un país que haga una transición social, económica y ambiental para enfrentar la crisis climática", dijo la ministra, que aseguró además que "no es lógico que si queremos iniciar una transición energética, vayamos a profundizar la dependencia de combustibles fósiles con técnicas de altísima incertidumbre de impacto social y ambiental".

El proyecto de ley fue presentado por más de 80 congresistas de varios partidos y es, según la Alianza, "una propuesta coherente con las exigencias de la ciudadanía para alejar los peligros de la explotación de los yacimientos no convencionales y el fracking".

Las propuestas anteriores fueron impulsadas también por organizaciones sociales, sin embargo, cayeron en el olvido al no haber un compromiso parlamentario para impulsarse y debatirlas.

La ley tendrá que pasar primero por debate de una comisión parlamentaria, y de ahí deberá ser debatida en dos cámaras antes de ser aprobada y rubricada por el presidente.

 

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