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Esta sería la primera elección con voto obligatorio desde 2012.
El 4 de septiembre, Chile decidirá si tendrá nueva Constitución o no.

Chile, a un mes de decidir su destino con nueva Constitución

Los chilenos votarán por la alternativa actual del Estado que prioriza la inversión privada o cambiarlo por un Estado social y democrático de derecho.

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El proyecto de la Carta Magna es el resultado de un año de debates en la Convención Constitucional de 154 miembros, quienes fueron electos por votación popular. Y esta fue la salida política que encontró el país para apaciguar las protestas que estallaron en octubre de 2019 por una mayor igualdad social.

Según el último sondeo conocido este miércoles de la encuestadora Criteria, la opción de “rechazo” es la que lidera con un 45% y la opción de “apruebo” muestra un repunte y alcanza un 36%, 5 puntos más que en el sondeo anterior.

Más de 15  millones de chilenos se encuentran habilitados para votar el 4 de septiembre y esta sería la primera elección con voto obligatorio desde 2012.

“Es de esperar que de aquí a las próximas semanas estemos prácticamente en el umbral del empate técnico entre ambas opciones”, estimó a la AFP Rodrigo Espinoza, politólogo de la Universidad Diego Portales.

No hay una claridad sobre que sucedería al ganar el rechazo, esta duda la planteó el mismo presidente Gabriel Boric cuando aclaró que en el caso de que eso pasara se tendría que volver a iniciar un nuevo proceso constitucional.

Entre los puntos más polémicos que se critican de la nueva Constitución está la “plurinacionalidad” o el reconocimiento de diferentes naciones indígenas y pueblos originarios, introduciendo divisiones comunitarias en un país plasmado hace más de dos siglos a partir de los ideales universalistas heredados de la Ilustración.

Además, la sustitución del Senado por una Cámara de las Regiones como mayores garantías de representatividad regional, o el establecimiento de un Consejo de la Justicia, en vez del Poder Judicial, con una justicia especial indígena.

Por otro lado, en el apruebo destaca el carácter feminista, medioambiental y la consagración de derechos fundamentales de la nueva propuesta, como el derecho a la salud, la educación y una vivienda digna, como también del privilegio del agua para el consumo humano.

 

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