En una audiencia pública celebrada a principios de semana en la alcaldía de Filadelfia, varios legisladores locales, estatales y hasta de Puerto Rico hablaron con la comunidad sobre cómo tratar la problemática que ha generado durante años el envío de personas drogadictas de Puerto Rico a Filadelfia.

Angel Cruz, representante estatal y líder del Comité de Servicios Humanos de la Cámara de Representantes de Pensilvania, y quien convocó la reunión entre los políticos y miembros de la comunidad, afirmó que este problema es un negocio en el que "unas personas hacen dinero a costa de las familias que pagan para que sus familiares sean atendidos aquí".

Cruz señaló que parte del problema radica en la falta de regulación y vigilancia de algunas casas que se presentan como centros de atención de drogodependientes sin contar con la capacidad y los certificados necesarios para garantizar un buen servicio.

"Sus familias pagan el dinero para que vengan a recibir tratamiento, pero cuando llegan no existen opciones para el servicio. En cambio, terminan siendo prisioneros de casas de recuperación no reguladas que recaudan dinero, estampillas de comida y otras ayudas del gobierno", aseguró el representante.

Por su parte, Carmelo Ríos, senador de Puerto Rico, pidió ayuda a los legisladores de Pensilvania para que se impulsen agendas legislativas que faciliten el desembolso de fondos para impulsar tratamientos médicos en la isla.

Vladimir Rivera, una de las víctimas del “puente aéreo”, contó su experiencia. Dijo que accedió a viajar a Filadelfia bajo la idea de que recibiría tratamiento en un centro con todas las condiciones para prestar el servicio. El resultado fue haber terminado en dos casas de recuperación en las que recibió malos tratos y no solucionó su problema de adicción. En la actualidad Rivera se somete a un tratamiento en un tercer centro, donde asegura sus condiciones han mejorado. 

En otro sentido se pronunció la concejal María Quiñones-Sánchez, quien no participó en la audiencia pero sí dijo a conocer un fuerte comunicado de prensa, en el que instó a los representantes de Puerto Rico a no venir a lavarse las manos en la ciudad. Recordó que el “puente aéreo” es un tema suficientemente registrado por los medios desde 2009 y que, además, es apenas un componente de un problema mayor, la crisis de adicción que ha enterrado a miles de personas en las inmediaciones de Gurney Street. 

“Necesitamos dejar atrás el jueguito de quien es culpable y quién inocente. Necesitamos que Conrail se haga cargo de su predio y lo limpie. Necesitamos que Pensilvania solucione el tema de los centros sin licencia. Necesitamos más camas y recursos para atender a pacientes. Necesitamos que los funcionarios del gobierno de Puerto Rico dejen de separar familias. Necesitamos que quienes se han hecho los de la vista gorda con este problema dejen de buscar culpables en todos lados porque todos somos responsables y debemos hacer lo que nos corresponde para ponerle punto final a este drama”, concluyó.

Al cierre de la audiencia pública, el representante Cruz compartió con la comunidad sus planes de presentar ante la Camara de Representantes un proyecto de ley destinado a frenar la explotación de adictos y que establezca estándares de funcionamiento para los centros o casas de recuperación.