Una revolución en Puerto Rico, revueltas en Hawái y la audiencia del abogado especial Robert Mueller, mantuvieron entretenidos a los estadounidenses estas últimas semanas, dándole al gobierno de Donald Trump la cortina de humo que necesitaba.

Como es ahora costumbre, la Administración ha ido marcando la pauta de las transmisiones mediáticas y del foco de la atención de sus ciudadanos, para poder aumentar la represión y el ataque contra la comunidad inmigrante.

Estas son las cinco medidas más agresivas que ha implementado el gobierno en los últimos días:

Tras la implementación de la política de tolerancia cero por parte del gobierno, miles de niños indocumentados fueron separados de sus padres y procesados como “inmigrantes no acompañados” durante gran parte del último año.

A pesar de que una orden judicial obligó al gobierno a comenzar los procesos de reunificación familiar y de buscar redes de apoyo – familiares o patrocinadores – para los miles de niños detenidos, las agencias gubernamentales no han podido deshacer el desastre.

En una entrevista exclusiva de CBS News con el director de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), Jonathan Hayes, el país supo que miles de esos niños detenidos podrían permanecer bajo custodia “durante años”.

"Desafortunadamente, tengo más de 4,000 de esos niños a mi cuidado en este momento en la Oficina de Reubicación de Refugiados", dijo el director. "Así que posiblemente alguien podría llegar a nuestro cuidado a los 15 años de edad y no tener un patrocinador identificable en los Estados Unidos y permanecer con nosotros durante unos años".

Francisco Erwin Galicia, ciudadano estadounidense de 18 años nacido en Dallas, fue detenido por la Patrulla Fronteriza en un punto de control al sur de Texas mientras se dirigía a unas pruebas para el equipo de fútbol de la universidad.

Al solicitársele la documentación, Galicia entregó desde su tarjeta de seguridad social hasta su certificado de nacimiento.

Los agentes le detuvieron bajo el argumento de sospecha de documentación fraudulenta, y le detuvieron en un centro de detención por casi un mes.

Según reporta el Washington Post, en abril del 2018 la Agencia de Inmigración y Aduanas “liberó a más de 1.480 personas” detenidas por sospecha de documentación fraudulenta.

A partir de esta semana, el Departamento de Seguridad Nacional podrá deportar de manera expedita a ciertos inmigrantes sin otorgarles el derecho al debido proceso, según explicó NPR.

Una de las estrategias para llevarlo a cabo, es la ampliación de las regulaciones dentro del marco de la deportación y permitir expulsar a inmigrantes “que no puedan probar que han estado de manera continua en el país por más de dos años o más”.

Según reza el preaviso del Departamento, "el efecto de ese cambio será el de mejorar la seguridad nacional y la seguridad pública, al tiempo que se reducen los costos del gobierno al facilitar las determinaciones rápidas de inmigración”.

La Agencia de Inmigración y Aduanas ha implementado el mecanismo de pruebas de ADN a inmigrantes indocumentados para determinar si pertenecen al mismo núcleo familiar.

Según comunicó la Agencia el día lunes, el resultado de la prueba es obtenido en 90 minutos y permite determinar si los alegatos de la Administración sobre el uso de menores de edad para ingresar al país son o no ciertos.

“De las 102 pruebas familiares de ADN administradas la semana pasada, se encontró que 85 tenían una conexión familiar,” dijo ICE. “Diecisiete resultaron negativos, y 16 de ellos fueron remitidos para su procesamiento”, según reportó CNN.

Finalmente, el gobierno ha decidido arremeter contra las ayudas alimenticias a personas de escasos recursos, proponiendo “cerrar la brecha de elegibilidad automática” del Programa de Asistencia para la Nutrición Suplementaria (SNAP) del Departamento de Agricultura.

Según explicó el comunicado de prensa del Departamento, la estrategia es eliminar la llamada elegibilidad categórica de base amplia (BBCE) que permite a las personas inscribirse en el programa y recibir cupones alimentarios aún cuando reciben otros beneficios del estado.

“La propuesta solucionaría una laguna que ha aumentado los beneficiarios de SNAP en algunos estados y que incluye personas que reciben asistencia cuando claramente no la necesitan”, agregó.

Alrededor de 3.1 millones de personas se verían afectadas por esto, muchas de las cuales pertenecen a la comunidad inmigrante.

A pesar de que las personas indocumentadas no tienen acceso a este tipo de programas, ya en el 2018 Mother Jones reportó que muchas familias inmigrantes con estatus legal en el país “estaban abandonando el programa de cupones alimentarios” por miedo a que eso afectara su estatus legal.

Este es uno de los agravantes más importantes en la alimentación y calidad de vida de comunidades que son consideradas “de segunda” por el gobierno.

“Una cuarta parte de los niños en Estados Unidos tiene al menos un padre inmigrante”, continuó el medio. “Caso el 25% de los niños nacidos en Estados Unidos de madres inmigrantes recién llegadas tienen inseguridad alimentaria, en comparación con alrededor del 10% de aquellos cuyas madres son ciudadanas estadounidenses”.