Van 43 días de protesta, 83 personas muertas, cientos de heridos y millones de nicaragüenses haciéndose la misma pregunta: ¿Cómo salir de ese atolladero?

Como lo informó AL DÍA hace unas semanas, a principios de abril, un grupo de estudiantes y viejitos salió a las calles de las principales ciudades de Nicaragua para protestar en contra de la reforma al sistema de pensiones que el presidente Daniel Ortega decretó como medida desesperada para salvar de la quiebra al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.

El 18 de ese mes, grupos afines al gobierno respondieron con violencia a una de esas protestas y desde entonces ha sido Troya en el país centroamericano. 

Trabajadores, pensionados, empresarios, campesinos, indígenas, madres y hasta sandinistas desencantados han protagonizado un mes y medio de protestas que, si bien consiguieron que el gobierno echara para atrás la medida, no han podido ponerle fin a la violenta represión. 

Según un informe de Amnistía Internacional, hasta el martes 29 de mayo se habían registrado 83 muertos y cientos de heridos, la mayoría presuntamente a manos de agentes estatales o parapoliciales. 

El movimiento estudiantil es quizá el que más pecho le ha puesto a las balas. Los estudiantes no solo exigen el fin de la represión, sino la salida de Ortega y de su esposa Rosario Murillo del Gobierno. 

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De acuerdo con la organización defensora de derechos humanos, “existen razones para pensar que las autoridades nicaragüenses, incluso las más altas, implementaron y mantuvieron una estrategia de represión, en ocasiones intencionalmente letal, a lo largo de las semanas de protesta”.

Entre las acciones de represión, Amnistía Internacional resaltó la puesta en marcha de un discurso que combina negación y estigmatización de los sectores manifestantes con el uso excesivo de fuerza por parte de la Policía Nacional –y letal, por parte de grupos parapoliciales– “con el fin de ampliar la capacidad represiva y operar con mayor facilidad al margen de la ley”.

La organización también denunció “posibles actos de encubrimiento y obstaculización” de las investigaciones judiciales así como “la denegación de la atención médica en hospitales públicos e intentos de control de la prensa con el fin de ocultar la realidad y limitar la libertad de expresión”.

Pese a que existe una mesa de diálogo nacional desde la que diferentes sectores sociales, empresariales, religiosos y políticos del país intentan encontrarle una salida pacífica al creciente conflicto, lo cierto es que Nicaragua ha revivido en un mes los peores capítulos de su historia.