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El pasado lunes, Diego Luciani pidió una condena de 12 años de cárcel por presunta corrupción cuando gobernó Argentina entre 2007 y 2015. Twitter de @CFKArgentina.
El pasado lunes, Diego Luciani pidió una condena de 12 años de cárcel por presunta corrupción cuando gobernó Argentina entre 2007 y 2015. Twitter de @CFKArgentina.

Presidentes de la región apoyan a Cristina Kirchner

Los mandatarios de Colombia, México, Bolivia y Argentina califican de “persecución judicial” lo ocurrido recientemente con la vicepresidenta argentina.

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En un comunicado difundido por la Presidencia de Argentina, los cuatro jefes de Estado manifiestan su “más absoluto rechazo ante la injustificable persecución judicial que viene sufriendo”.

El pasado lunes, Diego Luciani pidió una condena de 12 años de cárcel por presunta corrupción cuando gobernó Argentina entre 2007 y 2015.

Según el presidente argentino, Alberto Fernández, el colombiano Gustavo Petro, el mexicano Andrés Manuel López Obrador y el boliviano Luis Arce, esta “persecución tiene como objetivo apartar a Cristina Fernández de Kirchner de la vida pública, política y electoral, así como sepultar los valores e ideales que representa, con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal”.

“El acoso a la vicepresidenta argentina se lleva a cabo a golpe de señalamiento de sus adversarios políticos, titulares periodísticos e irregularidades judiciales que vulneran el debido proceso y las garantías legales”, afirma el comunicado.

Los presidentes señalaron que en los últimos años “el poder judicial ha abierto numerosas causas” en contra de Cristina Fernández, “muchas de las cuales han debido archivarse ante la ausencia de cualquier tipo de indicio sólido”, mientras que en otras causas aún abiertas “se ponen de manifiesto las malas prácticas procesales conducentes a eliminar a Fernández de Kirchner de la vida política”.

Apuntaron que, entre esas investigaciones está “causa vialidad”, debido a que la vicepresidenta es sometida a un juicio oral desde mayo de 2019 por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras viales.

El pasado lunes, en su alegato final, el fiscal que interviene en este juicio, Diego Luciani, pidió al tribunal que, además de condenar a la vicepresidenta a 12 años de prisión, la inhabilite a perpetuidad para desempeñar cargos públicos.

Además, el fiscal considera que está probado que Cristina fue “jefa” de una asociación ilícita que causó un millonario perjuicio económico al Estado.

Por su parte, Fernández dijo que no hay pruebas que acrediten tales acusaciones al hacer una comparecencia pública el martes, esto luego de que el tribunal le negara la posibilidad de ampliar su declaración indagatoria.

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