El 29 de julio, la jueza asociada de Dallas Tahira Khan Merritt, del 162º Tribunal de Distrito, suspendió a la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) de la celebración de su junta directiva y de las elecciones presidenciales que iban a tener lugar en Puerto Rico. El 9 de agosto, la directora general de LULAC, Sindy Benavides, fue suspendida temporalmente a la espera del resultado de la investigación. 

Esto se produce tras las alegaciones y reclamaciones de los miembros del consejo de LULAC de que había un plan para entregar el control a uno de los mayores partidos políticos de Puerto Rico, el Partido Nuevo Progresista (PNP), durante las elecciones que iban a tener lugar en la isla por primera vez, ya que LULAC se enfrentaba a que los puertorriqueños se hicieran cargo de la organización de derechos civiles latinos más antigua. 

La jueza asociada Merritt dijo en la orden emitida a finales de julio que había abundantes pruebas que sugerían que las reclamaciones eran ciertas. Afirmó que el esfuerzo "para participar en un esquema fraudulento e ilícito para colocar a LULAC bajo el control irreversible de un partido político extranjero" era una violación directa de los estatutos existentes de LULAC. 

El PNP está en la línea de fuego en la orden, ya que la demanda alega que el partido, en múltiples esfuerzos, había proporcionado financiación para crear una serie de consejos "ilegítimos" ("capítulos"), como los llama la LULAC, hasta 300 con más de 700.000 dólares. Al hacer esto, la votación que debe hacerse in situ, habría sido dominada por los puertorriqueños al celebrarse la convención en San Juan. Muchos delegados de los estados habían anunciado que no irían por el temor de la COVID, así como por el gasto de los viajes en un momento económico difícil. 

En una reciente declaración sobre los fondos a los Rebeldes Latinos, el presidente de LULAC, Domingo García, dijo que se está llevando a cabo una investigación. 

"Estamos investigando el origen de los fondos. Estamos hablando de cerca de un millón de dólares que se gastaron para tratar de comprar unas elecciones a través de dinero externo, y estamos tratando de determinar la fuente y seguir el rastro del dinero. Si resulta que son fondos ilegales o contaminados, tenemos que devolverlos. No queremos tener nada que ver con ninguna campaña que haya utilizado esos fondos", dijo García. 

Jeffrey Tillotson, un abogado de Dallas que representa a cuatro miembros de LULAC que presentaron la demanda, dijo que los fondos potencialmente habrían hecho que la elección en San Juan no fuera más que una formalidad. 

"Nadie quiere tener una elección en la que se piense que alguien ha manipulado injustamente la baraja", dijo. 

La elección habría enfrentado al actual presidente Domingo García, un mexicano-estadounidense de Dallas que ha estado en el cargo desde 2018, contra Juan Carlos Lizardi, de Nueva York, cuya madre, Elsie, es una activista por la estadidad de Puerto Rico y miembro de la junta directiva de LULAC. 

"Como presidente, debo proteger y defender a LULAC de amenazas corruptas externas o internas", dijo. "El PNP defiende incondicionalmente la estadidad para Puerto Rico. Ese es su derecho, y no tenemos ningún problema con cualquier posición que el pueblo de Puerto Rico tome a través de una elección justa y abierta. Sin embargo, LULAC siempre ha sido apartidista". 

Lizardi también comentó que la demanda fue simplemente un acto de supresión de votantes. 

"Se utilizó una estrategia para influir en que no hubiera elecciones desalentando o impidiendo que los miembros votaran - El trabajo continúa. Uno no necesita un pequeño título para servir a la comunidad. Uno sólo necesita servir. Espero trabajar con todos ustedes en los temas que debemos luchar, especialmente para garantizar que la supresión de votantes no continúe. Dentro o fuera de nuestra querida organización", dijo. 

García dijo recientemente en una declaración en el sitio web de LULAC que: "No dejaremos que la corrupción del Partido Nuevo Progresista, o de cualquier partido político partidista, manche el buen nombre de nuestra organización". 

Tras esto, la directora general Sindy Benavides fue suspendida a la espera de la conclusión de la investigación, ya que el juez ordenó la paralización de todas las actividades hasta al menos el 12 de agosto, cuando el juez ordenará una reunión. García dio la noticia por primera vez a Latino Rebels.