En una carta conjunta de grupos latinos de todo el país -Latinos for a Fair Judiciary (LFJ), LatinoJustice, Voto Latino, League of United Latin American Citizens (LULAC), MALDEF y Mi Familia Vota- enviada al juez David Hurd el lunes 16 de agosto, las organizaciones instaron al juez de 85 años a no bloquear la nominación del presidente Joe Biden para sustituir a Hurd, el fiscal general Jorge Alberto Rodríguez. 

Rodríguez sería el primer juez federal latino en servir en el Distrito Norte de Nueva York si es nombrado. Desde 1789, de los más de 3.400 jueces federales, sólo 151 han sido de origen latino. Ha servido en la Oficina del Fiscal General de Nueva York desde 2014. Rodríguez se licenció en Derecho por la Universidad de Vanderbilt en 2004, y trabajó como asociado en dos bufetes diferentes de Nueva York y Albany entre 2005 y 2014. 

El nombramiento fue parte del plan más grande y la promesa de Biden de diversificar los tribunales de la nación para reflejar la diversidad del país. Durante su mandato, concretamente en su primer año, según un informe del Instituto Brookings, ha nombrado a muchas mujeres y hombres de color para los tribunales. De las 41 personas nombradas, el 78% eran mujeres, el 29% negros, el 17% asiáticos, el 15% hispanos y el 2% nativos americanos. 

"Le instamos a que reconsidere su decisión de bloquear efectivamente el nombramiento del Sr. Rodríguez, un candidato judicial altamente cualificado que también haría historia como el primer juez latino en formar parte de un tribunal del Distrito de Columbia", decía la carta. 

En una carta enviada a Biden el 1 de noviembre de 2021, el juez Hurd anunció sus planes de asumir el estatus de senior. El estatus de senior es para los jueces federales mayores de 65 años, en el que se encargarán de menos casos. Se trata de una semiretirada para los jueces de larga trayectoria. Hurd dijo que dejaría el cargo cuando se confirme a su sucesor. 

"Espero prestar un servicio judicial sustancial como juez de mayor edad", escribió Hurd en la carta a Biden. 

Sin embargo, cuando Biden reveló que su sustituto sería Rodríguez, Hurd envió al presidente otra carta al día siguiente, revocando su decisión inicial. En lo que se ha transformado en una decisión de carácter racial, el juez nombrado por Clinton ha citado otras razones por las que revocó su decisión. En la carta dirigida al presidente al día siguiente del anuncio, Hurd decía 

"Le informo de que rescindo inmediatamente mi decisión de asumir la condición de juez de distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Nueva York. No se ha confirmado un sucesor. Asumiré el estatus de senior si un sucesor confirmado vive en esta área y es asignado permanentemente a la Corte de los Estados Unidos en Utica, Nueva York. De lo contrario, permaneceré en estado activo a tiempo completo hasta que me jubile o fallezca", escribió Hurd. 

Esto provocó una respuesta casi inmediata de organizaciones latinas de todo el país que salieron en apoyo de Rodríguez. En la larga carta dirigida al juez Hurd, las organizaciones daban tres razones de peso por las que Hurd debería reconsiderar su decisión de bloquear el nombramiento. En primer lugar, enumeraban sus cualificaciones. En segundo lugar, explicaban la tan necesaria diversidad en los tribunales federales. Por último, acusaron a Hurd de utilizar su cargo vitalicio como palanca para decidir su sucesor. 

"Usted tomó la sabia decisión a principios de este año de tomar el estatus de senior y dar paso a una nueva generación de juristas. No está claro qué ha cambiado entre ahora y entonces, aparte de la decisión del presidente Biden de nominar al primer latino de la historia que ocuparía un puesto en el tribunal del distrito de Nueva York. Su inexplicable cambio de rumbo plantea preguntas preocupantes y amenaza el legado que ha pasado décadas de servicio honorable", decía la carta de las organizaciones a Hurd. 

María Teresa Kumar, presidenta de Voto Latino, Thomas A. Sáenz, presidente y consejero general de MALDEF, Art Motta, director nacional de política y legislación de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), Andrea Nill Sánchez, directora de Latinos por un Poder Judicial Justo, Lourdes Rosado, presidenta y consejera general de LatinoJustice PRLDEF, y Héctor Sánchez Barba, director general y ejecutivo de Mi Familia Vota, firmaron la carta. 

Hurd no ha respondido a las llamadas telefónicas ni a los correos electrónicos para hacer comentarios.