El fiscal de California, Xavier Becerra, anunció el lunes una demanda legal contra la Administración del presidente Donald Trump por haber suspendido la Acción Diferida (DACA) que beneficia a más de 200.000 inmigrantes indocumentados residentes en el estado y 800.000 en el resto del pais.

El fiscal explicó que la demanda busca ante todo evitar que a los jóvenes "soñadores" se les castigue "por cosas que fueron hechas por otros".

En su argumento legal, la Fiscalía de California -que se une a los estados de Maine, Maryland y Minnesota, entre otros- argumenta que la Administración federal violó el debido proceso de protecciones de los solicitantes de DACA al poner en riesgo su información.

Según recalcó el fiscal hispano, la demanda busca "enfrentar inmediatamente las acciones ilegales y mezquinas del presidente".

El anuncio de Becerra fue apoyado por una declaración del gobernador de California, Jerry Brown.

"California defiende a los millones de inmigrantes que han hecho de este estado un lugar vibrante y próspero", dijo Brown en un comunicado.

Según el gobernador del Estado Dorado, "estamos invirtiendo millones de dólares en nueva ayuda legal para auxiliar a aquellos que cumplen la ley para permanecer con su familias en los EE.UU.".

Para los "soñadores", la decisión de rescindir DACA dentro de seis meses para dar tiempo a que el congreso federal estudie una ley que reemplazaría la acción administrativa presidencial, es un fuerte revés.

"Estoy devastado por la decisión del presidente Donald Trump de poner fin al programa DACA para 800.000 soñadores como yo", declaró a Efe Juan Escalante, representante de America's Voice.

Cuando el fiscal general de la nación, Jeff Sessions, anunció la finalización de DACA el pasado 5 de septiembre, otras organizaciones también aseguraron que demandarían la suspensión del programa establecido por el presidente Barack Obama para dar residencia temporal y permiso de trabajo a estos jóvenes indocumentados.

"Vamos a presentar una demanda enseguida", aseguró ese mismo día en conferencia de prensa nacional Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes Migratorias (NILC).

Para Becerra, la decisión de suspender la medida violó la constitución.

"La imprudente decisión de rescindir la DACA violó la Constitución, así como las leyes federales que ayudan a asegurar que nuestro gobierno trate a todos de manera justa y transparente", afirmó hoy Becerra en conferencia de prensa.

No obstante, críticos de la acción tomada por Obama en 2012 argumentan que precisamente la medida unilateral del entonces presidente violó los derechos constitucionales al tomar decisiones que sólo corresponden al Congreso.

Según señaló hoy en un comunicado Robin Hvidston, directora ejecutiva del grupo "We the People Rising", la demanda presentada por Becerra carece de un soporte legal válido y no prosperará.

La activista calificó la demanda como "equivocada y prematura y un mal uso de los dineros de los impuestos".

Con la suspensión de DACA, el proyecto bipartidista presentado en el congreso federal y conocido como Dream Act, "Ley de Sueño", se consolidó como una importante opción legal permanente para los actuales beneficiarios de DACA.

En otra acción legal, el viernes anterior, la Universidad de California (UC) también demandó a la Administración federal actual por retirar derechos ganados por sus estudiantes beneficiarios de DACA.

"Esta acción (de rescindir DACA) pisotea los derechos del debido proceso de la universidad y sus estudiantes", dijo Janet Napolitano, presidente de UC, al dar a conocer la demanda presentada por el mayor sistema universitario público de California.

Según un análisis del Instituto de Política Pública de California (PPIC), en California residen "cerca de 223.000 beneficiarios del DACA, más de un cuarto del total nacional".

Según la entidad aproximadamente 70.000 soñadores estudian en universidades públicas de California.

Para Jacob Jackson, analista de PPIC, aunque los estudiantes universitarios beneficiarios de DACA continuarían pagando matrículas como residente de California, el no poder trabajar legalmente es un obstáculo grave en su carrera.