El martes 13 de septiembre la Corte Suprema de Pennsylvania se reunió en City Hall para decidir si consideraría un pleito que propone que el método actual de distribuir fondos para la educación viola la constitución estatal. Todavía esperamos la noticia de su decisión, pero esta pausa nos da el chance para indagar un poco más el contexto del caso y tratar de comprender cuáles son los posibles riesgos y beneficios para la comunidad.

El caso

El caso se llama William Penn School District vs. Pennsylvania Department of Education, y fue archivado por la primera vez en 2014 por dos grupos sin fines de lucro, el Centro de Ley de Educación y el Centro de Ley de Interés Público. Los demandantes son seis distritos escolares, siete padres de estudiantes, la Asociación de Escuelas Pequeñas y Rurales de Pennsylvania (PARSS, por sus siglas en inglés) y la sección estatal del NAACP.  

Estos grupos están demandando al estado básicamente porque la manera actual de dividir el presupuesto de educación de Pennsylvania favorece a los distritos escolares ricos y perjudica a los distritos pobres. Antes de que uno tome en cuenta el dinero contribuido por el gobierno federal, el déficit de financiación en Pennsylvania es el es más pronunciado en toda la nación. Y de todos los distritos escolares del estado, Philadelphia y sus exurbs están entre los más estafados.

"La instrucción multicultural/culturalmente relevante será limitada, y también los programas y servicios para estudiantes indocumentados y de bajos recursos económicos, incluidos los centros de apoyo por temas relacionados con la universidad o la carrera, los consejeros, y las oportunidades extracurriculares, estarán presentes sólo mínimamente."

Edwin Mayorga, profesor de la educación en Swarthmore College y director del Barrio Ed Project, destacó cómo la falta de fondos requeridos impacta a la comunidad latina de Philadelphia.  

“Si siguen ignorados las necesidades económicas de la ciudad, el número de educadores entrenados como ESL y bilingüe, el rango de materiales que apoyan a estudiantes, el número de secciones de clases de ESOL o instrucción bilingüe que puede ofrecer una escuela, y las oportunidades de desarrollo profesional para maestros, serán cortados,” escribió en un email. “Es más, la provisión de materiales y cursos para los estudios africanos, los cuales deben de incluir capítulos que tratan de los afro-latinos, y instrucción multicultural/culturalmente relevante, serán limitados. También, los programas y servicios para estudiantes indocumentados y de bajos recursos económicos, incluidos los centros de apoyo por temas relacionados con la universidad o la carrera, los consejeros, y las oportunidades extracurriculares, estarán presentes sólo mínimamente.”

Hasta hace poco, la persistencia de las diferencias tan marcadas en la distribución de fondos para la educación se explicaba primeramente por la falta de una fórmula que evaluara, de forma comprensiva, las necesidades de cada distrito escolar. El Philly School Notebook en 2013 informó que el presupuesto para las escuelas se decidía más que nada por cuestiones políticas; o sea, los congresistas estatales escribían leyes que daban recursos extras sólo a sus distritos preferidos.

Todo empezó a cambiar en 2014, cuando la Asamblea General de Pennsylvania estableció la Comisión de Financiación Básica de la Educación para investigar la posibilidad de crear una fórmula justa de financiación. En el verano de 2015, la resulta fue aprobada en la Asamblea y después hecha ley por el Gobernador Tom Wolf. La fórmula nueva sí toma en cuenta muchos de los factores que más afectan a la comunidad latina en Philadelphia, como el tamaño del distrito, los recursos que tienen sus familias, y el porcentaje de estudiantes aprendiendo inglés como su segunda lengua.

Si la financiación básica de la educación fuera aumentada por $400 millones cada año, aún las predicciones más optimistas admiten que las escuelas perjudicadas por la financiación no equitativa no estarían recibiendo lo que merecen por al menos ocho años.

La fórmula nueva es un logro importante, pero tiene un límite: hasta ahora, sólo se la puede aplicar a los aumentos en el presupuesto de educación. Por ejemplo, este junio Gob. Wolf aumentó la financiación básica de educación por $200 millones, y todo este dinero será dividido según la fórmula. Pero la mayoría de financiación básica de educación, o sea, los más de 5 billones de dolares que formaban parte del presupuesto antes la aprobación de la fórmula, no es afectada. El año pasado, que fue el primero año en que la fórmula fue utilizada, se la utilizó para distribuir sólo unos 2.5% de los fondos. Si la financiación básica de la educación fuera aumentada por $400 millones cada año, aún las predicciones más optimistas admiten que las escuelas perjudicadas por la financiación no equitativa no estarían recibiendo lo que merecen por al menos ocho años.

La identidad racial no es un factor incluido en la fórmula, pero sí es un factor muy importante en el caso actual. Un nuevo análisis publicado por POWER (Philadelphians Organizados para Testificar, Empoderar, y Reconstruir, por sus siglas en inglés) muestra cómo el uso limitado de la fórmula roba a los estudiantes no blancos.

Según este gráfico (y otros en el estudio completo), si se aplicara generalmente la fórmula de financiación equitativa recién aprobada por el estado, muchos distritos escolares cuyos estudiantes son mayormente no blancos recibirían miles de dolares más que lo que reciben bajo el statu quo. Mientras tanto, los distritos cuyos estudiantes son mayormente blancos, aunque sean pobres también, hasta el momento siguen recibiendo lo que es por promedio una porción del presupuesto que excede sus necesidades.

¿Cuáles leyes crearon esta situación en las escuelas públicas?

Todas las escuelas públicas dependen de fondos locales, estatales, y federales. De 1966 a 1983, legalmente los distritos escolares esperaban del estado de Pennsylvania una recompensa de la mitad de sus costos operativos. Actualmente, el estado sólo les da unos 36%. El dinero federal, particularmente en los distritos más pobres, ayuda algo, pero son los fondos locales, recaudos por impuestos sobre bienes inmuebles, que forman la mayoría de los recursos para cada distrito escolar. Si las casas de la área no tienen tanto valor monetario, la localidad tiene que subir las tarifas de los impuestos para que las escuelas puedan quedar abiertas, pero aún así, habrán cosas para las cuales no alcanza el dinero.

Los demandantes Jamella y Bryant Miller, cuya hija estudia en el distrito William Penn, han sido testigos a los efectos de la dependencia de los impuestos de sobre bienes inmuebles, principalmente cómo esta dependencia del sistema afecta su capacidad de brindar servicios a sus estudiantes. En un editorial de Philly.com del día 12 de septiembre, explican cómo su traslado de Upper Moreland, un distrito mayormente blanco en Montgomery County, a William Penn, un distrito mayormente negro en Delaware County, les convenció hacer su demanda.

Nuestra comunidad de clase obrera sí paga los impuestos sobre bienes inmuebles. Nuestra tarifa del impuesto está a 67% más de lo que pagamos en Upper Moreland. Pero por tener una base de impuestos más pequeña y más pobre, aún con una tarifa más alta el distrito recauda menos dinero, y nuestros hijos sufren, mientras en las comunidades más ricas pueden recaudar hasta dinero extra para programas de robótica y fondos para diversiones.

Pero si se aplicara la fórmula a todos los fondos ya aprobados para el presupuesto educativo, sin un gran aumento de nuevos fondos, la fórmula corregiría las inequidades por un proceso de redistribución. Y esta idea no sólo es políticamente impopular—si resultara que los distritos ricos perderían un dólar de su financiación actual, también sería ilegal, debido a una provisión del año 1992 que en inglés se dice “hold harmless.” Hold harmless prohíbe que un distrito escolar reciba menos dinero que en el año previo.

"Aún con una tarifa más alta, el distrito recauda menos dinero, y nuestros hijos sufren, mientras en las comunidades más ricas pueden recaudar hasta dinero extra para programas de robótica y fondos para diversiones."

Entonces ¿qué argumentan los abogados?

Los argumentos del 13 de septiembre todavía no intentaban mostrar las inequidades del sistema de financiación para la educación pública en Pennsylvania—la Corte Suprema todavía está decidiendo si tiene la jurisdicción para considerar el caso. En la mayoría de los otros estados que han visto retos similares a su sistema de financiamiento para la educación pública (últimamente en Connecticut) la corte se ha decidido a favor de cambios drásticos. Sin embargo, otra corte en Pennsylvania ya ha desestimado el caso una vez en 2015, diciendo que la educación pública es responsabilidad de la Asamblea General, no del poder judicial.

La cláusula de la constitución estatal sobre la educación pública es el único contexto legal que tenemos para entender esta decisión: “La Asamblea General proveerá para el mantenimiento y apoyo a un sistema de educación pública que sea comprensivo y eficaz, y que atienda las necesidades de la Mancomunidad.” Pero los abogados que representan los demandantes han enfocado más en la segunda parte de la frase, la cual responsabiliza a la Asamblea General para la provisión de un sistema “comprensivo y eficaz,” mando que según ellos, ha fallado en cumplir. También se refieren a la cláusula de la constitución que habla de la protección igualitaria como un posible recurso en el caso, dado que la financiación insuficiente y no equitativa tiene su impacto más marcado en los estudiantes pobres y no blancos.  

Según Knorr, la constitución de Pennsylvania sólo responsabiliza a la Asamblea General para el acto de abrir las puertas en las escuelas.

En 1997, una versión del caso (Marrero vs. Commonwealth, el cual también incluía abogados del Centro de Ley del Interés Público) fue desestimado porque los poderes ejecutivos y legislativos se pusieron de acuerdo que las cortes no contaban con estándares bastante específicos para evaluar las cuestiones de comprensividad y eficiencia en la educación. Pero las cosas han cambiado. La tendencia de los 2000’s para utilizar datos para impulsar reformas educativas ha creado muchísimas medidas de lo que se considera “suficiente” en el contexto de la educación pública, como por ejemplo los exámenes PSSA. De hecho, el Centro de Ley del Interés Público ya ha utilizado las estadísticas publicadas por la Comisión de Financiación Básica de Educación (la cual fue establecida por la Asamblea General) para calcular que Pennsylvania tendría que gastar al menos $3.2 billones más que lo que gasta actualmente para cumplir con sus propios estandares de lo suficiente.  

Entonces, en la audiencia del 13 de septiembre, John Knorr, un abogado que trabaja en la oficina del Fiscal General de Pennsylvania, hizo un argumento más bravo: que “ningún niño como individuo tiene un derecho específico a ninguna educación,” según la constitución. El documento, aclaró, sólo responsabiliza a la Asamblea General para el acto de abrir las puertas en las escuelas. Knorr también indicaba que los estandares de suficiencia del estado son todavía cambiables, así que no son bastante absolutos para servir como la base de un pleito.  

¿Cómo reaccionó la gente?

La audiencia fue anunciada por POWER, así que llegaron muchos activistas de todo tipo. El superintendente de Erie, un distrito al otro lado del estado, estuvo presente; también estuvo el autor del estudio de POWER sobre los prejuicios raciales en la financiación básica de educación, muchos líderes de la misma organización, el Senador estatal Vincent Hughes, la concejala Helen Gym, los encabezados de varios grupos sin fines de lucro, y la escuela secundaria del Folk Arts-Cultural Treasures Charter School (FACTS).

“Somos una escuela charter, pero también somos una escuela pública,” dijo Ellen Somekawa, la directora ejecutiva de FACTS, mientras sus estudiantes reclamaban a gritos su derecho a una financiación equitativa frente City Hall. “Queríamos tomar este momento para estar presentes juntos con las escuelas públicas de toda Pennsylvania que sufren de la falta de fondos adecuados y las inequidades de la financiación.”

Maria Ortiz es madre y vive en la parte de Point Breeze donde antes todos los niños asistían a Walter G. Smith School, la cual ha sido cerrado y quizás pronto se convertirá en un sitio para nuevos alojamientos. Ella esperaba fuera de la sala de justicia al lado de su amiga Wilma Frazier, con una bandera cuya lema decía en inglés, “SAVE SMITH SCHOOL.”

“Hay personas presos por el bullying que pasa en nuestras escuelas por ser tan ocupados,” Ortiz explicó, refiriéndose a los efectos del cierre de la escuela en su comunidad. “Los niños no están recibiendo la educación que se los debe porque las escuelas no tienen bastante empleados, y los maestros tienen que sacar de sus propias bolsas las cosas necesarias.”

La pastora Melanie DeBouse, Directora Co-Ejecutiva Provisional de POWER y pastora de una iglesia en Germantown, opinó sobre la devaluación emocional de la educación que su devaluación financial ha provocado entre los jóvenes su comunidad. “La educación es importante, nuestros legisladores estatales la tienen que valorar, y cuando muestren este valor por financiar nuestras escuelas suficientemente, entonces construyamos un pueblo que tenga más aprecio por todo lo que hacemos,” dijo. “Nuestra población latina sale de la escuela antes de graduarse simplemente porque no entienden. De verdad, ¿por qué tengo que hacer eso? Es la pregunta que tenemos todos.”

"Siempre ha sido la corte que trae justicia para los oprimidos de este país," señaló la Presidenta del NAACP de Pennsylvania, Dra. Joan Duvall-Flynn.

Hablando de parte del estado, Jeff Sheridan, Secretario de la Prensa de la oficina del gobernador, enfatizó que mientras Wolf planea seguir aumentando el presupuesto de educación, este acto debe ser “el rol del gobernador y de la Asamblea General, no de las cortes.” O sea, que Wolf no quiere que el caso avance.

Pero durante el mitin que siguió la audiencia, los presentadores puso los eventos del día en otro contexto: los derechos civiles. “Lo que tenemos en Pensilvania es más que una diferencia de oportunidades, es una diferencia de valores,” dijo la Presidenta del NAACP de Pennsylvania, Dra. Joan Duvall-Flynn. Su grupo es uno de los demandantes del caso.

“El NAACP ha estado en las cortes luchando para la educación por 107 años. Hoy día es la misma batalla que fue decidida en 1954,” dijo, con referencia a Brown v. Board of Education, caso del cual resultó el mando de la Corte Suprema para integrar las escuelas. “Estos son el mismo dolor y necesidad y desesperación de generaciones de niños. Siempre ha sido la corte que trae justicia para los oprimidos de este país.”

La corte no tiene fecha límite para hacer su decisión de considerar o desestimar el caso.