El Departamento de Comercio de los Estados Unidos estimó a principios de enero de 2022 que la población estadounidense es de 332,4 millones de personas de diversos grupos, un reflejo de la población estudiantil que actualmente aboga por la diversidad, la equidad y la inclusión en el mundo académico en todo el país. 

La necesidad de un plan de estudios culturalmente receptivo que honre las experiencias de los estudiantes se ha convertido en misión imposible con políticos que imponen puntos de vista y restringen los materiales que los profesores pueden discutir en las aulas, prolongando el malestar de educadores, padres y estudiantes que creen que la abolición de la segregación en la educación y los puntos de vista extremistas sobre diversos temas considerados una amenaza para la nación sólo están distorsionando y desacreditando los esfuerzos de las generaciones anteriores que lucharon por el cambio. 

Los educadores son responsables de enseñar la inclusión y abrazar la diversidad en el aula, pero en algunos otros estados, esto puede acarrear repercusiones legales.

Volver a la historia

Ha habido varias leyes que han allanado el camino hacia el cambio: la Segunda Ley Morrill de 1890, que dio a la gente de color acceso a la educación, especialmente en agricultura y artes mecánicas; el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación por motivos de raza, color u origen nacional, o ser excluido de la participación en cualquier programa o actividad que reciba ayuda financiera federal.

Los avances hacia la accesibilidad y la igualdad en la educación continuaron.

El 8 de noviembre de 1965, se promulgó la Ley de Educación Superior para proporcionar ayuda financiera a los estudiantes de educación superior y reforzar los recursos educativos de las instituciones de educación superior de Estados Unidos, una ley crucial que contribuyó al progreso de los estadounidenses de ingresos bajos y medios para asistir a la universidad con becas basadas en las necesidades, oportunidades de trabajo-estudio y préstamos federales para estudiantes.

La década de 1970 planteó muchos retos en relación con la segregación y el transporte de estudiantes en autobús. La falta de cumplimiento por parte de los distritos escolares tras la sentencia de 1954 en el caso Brown contra el Consejo de Educación de Topeka, según la cual la segregación en las escuelas públicas era "inherentemente desigual". 

En 1971, en Swann v. Charlotte-Mecklenburg Board of Education, el Tribunal acusó a Charlotte de mantener escuelas públicas segregadas y de desafiar la decisión del Tribunal Supremo de eliminar la segregación en las escuelas públicas con "toda la velocidad deliberada". 

Más tarde, se aprobó el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, que prohibía la discriminación por razón de sexo (embarazo, orientación sexual e identidad de género) en cualquier programa o actividad educativa que recibiera ayuda económica federal. Otro cambio se produjo en la educación: el artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad, poniendo a disposición de las personas con necesidades especiales los centros públicos de enseñanza primaria y secundaria y cualquier programa o actividad que reciba fondos federales.

Aunque no se ha logrado el cambio completo en la educación, se ha abierto un espacio para que se produzcan iniciativas de acción afirmativa.

La Orden Ejecutiva 11246 de 1965, estableció requisitos para la práctica no discriminatoria en la contratación y el empleo, según informó el Departamento de Trabajo de EE.UU.

Contra la DEI

Los esfuerzos de las generaciones anteriores hicieron que la Ley de Igualdad Salarial de 1963, la Ley de Discriminación Laboral por Edad de 1969, la Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, la Ley de Derechos Civiles de 1991, la Ley de Discriminación por Embarazo, la Ley de No Discriminación por Información Genética de 2008 y la Ley de Enmiendas a la ADA fueran viables para las generaciones futuras. Asimismo, la Ley de Educación para Todos los Niños Discapacitados (EHA), la Ley de Educación para Personas con Discapacidad (IDEA), la Ley de Tecnología Asistencial y la Ley de Protección de los Niños Discapacitados (HCPA) hicieron que la educación fuera inclusiva y accesible para los alumnos con necesidades especiales.

Aunque la diversidad, la equidad y la inclusión han avanzado mucho desde 1800, siguen siendo un problema en la educación.

En los últimos dos años, la educación ha experimentado un aumento sin precedentes de legislaturas que interfieren en los esfuerzos de diversidad e inclusión.

A principios de este año, NPR informó que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el controvertido proyecto de ley "Derechos de los padres en la educación", que se hizo tristemente célebre como el proyecto de ley "No digas gay". El proyecto de ley dice: "La instrucción en el aula por parte del personal escolar o de terceros sobre orientación sexual o identidad de género no puede ocurrir en el jardín de infantes hasta el tercer grado o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes de acuerdo con los estándares estatales."

El Gobernador argumentó que enseñar a los niños en edad de guardería que "pueden ser lo que quieran ser, era inapropiado para los niños", informa además NPR.

La teoría crítica de la raza también fue objeto de censura en las escuelas. Diferentes estados adoptaron sus propios enfoques para tratar los problemas relacionados con la teoría crítica de la raza: el proyecto de ley de Kansas tipificaba como delito menor de clase B el uso en las aulas de materiales que representaran la "homosexualidad". La ley de Indiana impide a los educadores hablar de orientación sexual, transexualidad o identidad de género sin el consentimiento de los padres.

Arkansas, Florida, Idaho, Iowa, New Hampshire, Oklahoma y Tennessee han prohibido la teoría crítica de la raza.

Georgia, Alabama, Kentucky, Luisiana, Michigan, Misuri, Montana, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Texas, Utah, Washington, Virginia Occidental y Wisconsin tienen proyectos de ley o están implantando políticas escolares para prohibir la enseñanza de la Teoría Crítica de la Raza.

El Índice de Prohibiciones de Libros Escolares de PEN America informó que desde julio de 2021 hasta junio de 2022 se prohibieron 2.539 libros: 671 títulos LGBTQ y 659 títulos con protagonistas o personajes secundarios prominentes de color. Desde julio pasado y finales de marzo de este año, el distrito escolar de Central York (Pensilvania) prohibió 441 libros.

A pesar de la oposición, Arizona y Mississippi no han logrado imponer prohibiciones de teoría racial crítica. Hasta ahora, los legisladores de Delaware se han posicionado del lado de la enseñanza de la historia negra en las escuelas.

Sin embargo, no es el caso de Florida, ya que, en noviembre, un juez federal bloqueó parcialmente la legislación del gobernador Ron DeSantis, anteriormente denominada Stop W.O.K.E. Act "Wrongs to Our Kids and Employees" (Ley para acabar con los males de nuestros hijos y empleados), ahora conocida como Ley de Libertad Individual. 

El proyecto de ley entró en vigor en julio y prohíbe a las escuelas y lugares de trabajo insinuar que cualquier individuo, raza, color, sexo u origen nacional "es responsable y debe sentir culpa, angustia u otras formas de angustia psicológica."

El juez de distrito estadounidense Mark Walker se refirió a la ley Stop W.O.K.E. como "distópica". 

Por último, el representante de Texas Carl Tepper presentó recientemente un proyecto de ley que no restringe explícitamente la teoría crítica de la raza. El proyecto de ley establece "conceptos divisivos y prohíbe a las universidades respaldar, discutir o interferir con cualquier estilo de vida, raza, sexo, religión o cultura", según informa Higher ED Dive.