El miércoles, la ACLU de Delaware se unió con la Community Legal Aids Society para presentar una denuncia en la Oficina de Derechos Civiles del Ministerio de Educación de los EE.UU. La demanda sostenía que las escuelas del estado han estado volviendo a segregar como resultado directo de las políticas de las escuelas charter que discriminan contra los estudiantes con discapacidades y estudiantes de color. “Lo que se ha desprendido desde la aprobación de la Ley de Escuelas Públicas Experimentales de 1995 es un trato preferencial, sancionada por el estado, para las familias que pueden navegar por los requisitos especiales de ingreso a las escuelas chárter”, dijo Kathleen MacRae, Directora de la ACLU Delaware.

Las escuelas chárter cuentan con procesos de aceptación selectivos que dejan fuera a los estudiantes con notas bajas o promedio, o cuyas familias quizá no tengan el tiempo o los recursos para escribir ensayos para la aplicación, costear las cuotas de actividad y uniformes escolares, mantenerse involucrados y recaudar fondos para la escuela, según lo que indica la demanda.

“Estas barreras evitan que las familias afroamericanas e hispanas de bajos ingresos tengan el mismo acceso a las escuelas chárter de alta calidad que tienen las familias de clase media y alta”, dijo MacRae.

De manera general, Delaware tiene un cuerpo estudiantil bastante diverso –51 por ciento blanco, 33 por ciento afroamericano, 11 por ciento latino y 3 por ciento asiático. Pero tres de cada cuatro escuelas son “racialmente identificables”, definición legal para una escuela cuya composición racial se aparta por más de 20 puntos porcentuales de su distrito general.

Tomemos al Distrito Escolar consolidados de Red Clay, en Wilmington, por ejemplo, que regularmente tiene resultados debajo del promedio de los estados en las pruebas estandarizadas. En 2012, 46 por ciento de los estudiantes eran blancos, 23 por ciento, afroamericanos, 24 por ciento latinos y cerca de 5 por ciento asiáticos. El distrito alberga a la Escuela Charter de Wilmington –escuela de alto rendimiento— en donde, durante ese mismo año, los datos demográficos eran de 63 por ciento blancos, 6 por ciento afroamericanos, 3 por ciento latinos y 26 por ciento asiáticos. En 2012, la escuela –que educa a cerca de 1,000 estudiantes, no contaba con ningún estudiante aprendiz del idioma inglés, contaba con un par de estudiantes de educación especial (0.2 por ciento)  y un poco más de 50 estudiantes con procedencia de ingresos bajos (5 por ciento). El resto del distrito escolar de 16,000 estudiantes educó a 1,600 estudiantes que estaban aprendiendo el idioma inglés (10 por ciento), 2,400 estudiantes de educación especial (15 por ciento), y 2,400 estudiantes de bajos ingresos (15 por ciento).   

La ACLU recomendó una moratoria respecto a las nuevas escuelas chárter hasta que se implemente un plan de desegregación, se asegure que la educación pública es gratuita sin costos de actividad o uniformes, haya reclutamiento y acceso a las escuelas chárter para personas con discapacidades, y financiamiento justo.