Se habla de “cientos”, aunque la demanda sólo la presentaron 10 mujeres. A la mayoría de ellas, que no hablaban inglés, se les hizo creer que si no firmaban unos formularios ellas o sus hijos podían morir en el parto. Pero la razón no era esa, sino algo mucho más oscuro. Y ni bien sucedió hace poco más de 50 años. 

¿Cómo sus hijas y nietas no iban a tener miedo de que la historia se repitiese?

Situémonos en 1973: Una joven migrante mexicana embarazada de su tercer hijo, Consuelo Hermosillo, de 24 años, acudió al hospital para someterse a una cesárea de urgencia. Tal vez a Consuelo y a su esposo les hubiera gustado tener más hijos, una gran familia, pero ese iba a ser el último. 

La mexicana fue esterilizada sin su consentimiento informado en el Centro Médico del Condado de Los Ángeles-Universidad del Sur de California. Tan sólo le dijeron que debía firmar unos papeles o su bebé iba a morir. Sin embargo, ella no recuerda haberlos firmado -estaba medicada. Nadie le explicó lo que sucedió hasta que tiempo más tarde, en una cita médica, pidió un anticonceptivo. 

Ahora su nieta, de 22 años, tiene miedo de que la vacunen contra la COVID; piensa que no podrá quedarse embarazada. 

Así se lo explicó a USA Today, que en un artículo da cuenta de que lo que le sucedió a Hermosillo también le ocurrió a otras mujeres en aquel mismo hospital. Diez de ellas, mexicanas y chicanas, protagonizaron el mítico caso de Madrigal contra Quilligan, que supuso un escándalo en la década de los 70’.

Aunque entonces el juez del caso dio la razón al Dr. Edward James Quilligan, la lucha de estas mujeres inspiró una legislación aprobada en 1979 para abolir las esterilizaciones forzosas en California. 

Donde, según investigadores como la profesora de la Universidad de Michigan Alexandra Minna Stern, se podrían haber practicado unas 20.000 esterilizaciones a mujeres y hombres, sobre todo hispanos, en virtud de las políticas eugenésicas estatales.

Sorprendentemente, las 10 demandantes del caso Madrigal contra Quilligan sólo obtuvieron una disculpa de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles en 2018, pero no recibieron ninguna compensación económica, como tampoco las víctimas en estados como Virginia y Carolina del Norte.

Prácticas como esta sucedieron por todo el país y también tuvieron a las mujeres negras del sur como víctimas, y a las nativas americanas; y a casi un tercio de la población femenina de Puerto Rico, a las que esterilizaron tras el nacimiento de su segundo hijo sin su consentimiento -de hecho, el primer ensayo clínico de la píldora anticonceptiva se realizó entre mujeres pobres de San Juan, según apunta USA Today citando una reseña histórica publicada en Canadian Family Physician. 

Ninguna de ellas sabía a qué se estaba sometiendo. 

La pandemia de COVID ha abierto la caja de pandora de un trauma no resuelto -ni siquiera debidamente compensado. Por ello, cuando se habla de la falta de confianza de las personas negras, latinas o nativas en la vacuna apelando en algunos casos a ignorancia o negacionismo, se tiende a olvidar la terrible sombra racista que planea sobre estas personas cuya historia no puede desligarse de una eugenesia tan reciente. 

E igualmente, el reparto desigual de la vacuna y la muerte desproporcionada dentro de las comunidades BIPOC es la otra cara de la moneda de un racismo soterrado pero que sigue presente.