Por “abrumadora mayoría”, así decidió el pasado martes el Congreso del estado mexicano de Puebla, uno de los más conservadores del país, legalizar los matrimonios de personas del mismo sexo. 

Puebla se une así a una mayoría de los 32 estados en todo el país donde los derechos de las personas LGBTQ a una unión igualitaria son amparados por la ley, aunque México siga aún en la batalla contra la homofobia y la transfobia, y haya todavía estados donde solamente se aceptan este tipo de uniones por Orden de la Corte Suprema, como Jalisco, Nueva León, Baja California o Aguascalientes. Y en el caso de Jalisco, las organizaciones denuncian que no se está respetando el fallo impuesto en 2016. 

El sí rotundo de Puebla es una celebración para México al completo y una prueba de que el cambio de rumbo político del estado, que ha sido durante mucho tiempo fuertemente conservador pero que ahora está en manos del Movimiento Nacional de Regeneración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se hace notar.

A pesar, como advierten numerosas organizaciones, de las fuertes presiones que siguen recibiendo de la Iglesia y de algunos grupos fundamentalistas y del aumento de la violencia, sobre todo contra las mujeres transgénero. 

El pasado mes de septiembre, Leslie Rocha, mujer transgénero de Ciudad Juárez, apareció asesinada en el interior de su domicilio sólo tres días después de que se produjese una manifestación de la comunidad LGBTQ pidiendo a la Fiscalía del Estado el fin de los asesinatos de odio - una semana antes se había informado del asesinato de Mireya Rodríguez Lemus, una conocida activista por los derechos trans. 

Según la organización Transgender Europe, México es el segundo lugar del mundo con la tasa más alta de transfeminicidios sólo por detrás de Brasil, y entre los años 2013 y 2018 se reportaron 473 homicidios de personas LGBTQ de los cuales más de la mitad eran de mujeres trans. 

Pero aún hay más datos escalofriantes, ya que, de acuerdo al Observatorio de asesinatos trans de Transrespect.org, el 78% de los homicidios de personas trans en el mundo tiene lugar en América Latina y la esperanza media de vida de una persona trans no supera los 35 años. 

La lucha de las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad trans ha conseguido victorias importantes, como lo prueba el derecho al matrimonio igualitario en Puebla, pero aún queda mucho por hacer para cambiar las leyes y la arraigada criminalización de colectivos que son muy vulnerables. 

Como dijo Jessica Marjane de la Red de Juventudes Trans a El País, “los derechos en México son derechos con términos y condiciones. México tiene 32 estados y eso conlleva 32 realidades distintas”.  

La activista añadió que “pese a que haya leyes para garantizar, promover y respetar los derechos de las personas, no hay mecanismos de cumplimiento y menos de protección, transparencia y rendición de cuentas”.