Luego de la decisión de despenalizar el aborto en Argentina a finales del 2020, algunos países de la región están aprovechando la coyuntura para poner en la agenda política la eterna discusión sobre los derechos sexuales y reporductivos de las mujeres.

Los movimientos feministas en Latinoamérica continúan con la lucha por ganar derechos básicos que protejan la vida y la autonomía de las mujeres sobre su propio cuerpo.

En las últimas semanas, las noticias respecto de esta problemática en la región han sido abrumadoras, y el común denominador a todas es un sistema patriarcal que está dejando morir a sus mujeres por no dar un paso adelante en sus legislaciones.

Las mujeres de Brasil ya nos daban una pista de la terrible situación cuando a inicios del 2021 empezaron a viajar a Argentina para poder utilizar el servicio sanitario del país vecino, y ejercer el derecho decidir sobre el destino de sus vidas.

El país ha alcanzado un nivel inconcebible de crisis social, económica y política. La pobreza es tal que no le permite a millones de mujeres acceder a anticonceptivos, lo que las obliga a continuar con embarazos insostenibles. Un paquete de tres preservativos cuesta 4,40 dólares: tres veces el salario mínimo del país (1,50 dólares).

A esto, sumemosle que el sistema de salud está tan maltratado que ya no puede proveer la contracepción básica, los anticonceptivos solo están disponibles en las farmacias privadas a precios inalcanzables.

Las mujeres no sólo no logran alimentar y mantener a las familias que ya tienen, sino que pierden totalmente el control sobre sus propias vidas al no poder adquirir algún sistema preventivo y verse en la obligación de ser madres. El encadenamiento es evidente, al no acceder a anticonceptivos, se ven obligadas a buscar cada vez más abortos clandestinos, poniendo en riesgo sus vidas.

En uno de los países con las leyes de aborto más duras del mundo parecía haber un avance cuando durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se pudo modificar la ley del dictador Augusto Pinochet que permitía el aborto en casos extremos.

Sin embargo, con el gabinete del presidente de extrema derecha Sebastián Piñera se introdujo una enmienda que permite que hospitales privados  y profesionales médicos se opongan al procedimiento por motivos de "conciencia''.

Actualmente en el país hay tres motivos por los que una mujer puede acceder al aborto: cuando existe riesgo para la vida de la madre, cuando el feto es ‘inviable’, o cuando el embarazo es fruto de una violación y no han transcurrido más de 12 semanas de gestación  o 14 semanas en el caso de una niña menor de 14 años.

La semana pasada en República Dominicana se discutía nuevamente despenalizar el aborto en tres causales: si la vida de la madre está en riesgo, si el embarazo es consecuencia de una violación o incesto, y si el embarazo no es viable. El debate sobre el tema se retomó esta semana por la Comisión Judicial  y se espera que se vote en el Congreso en los próximos días.

La realidad de Latinoamérica es que el debate alrededor de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer muchas veces se confunde y convierte en un debate moral en vez de tratarlo como lo que es, un tema de salud pública. Las mujeres en la región no solo se exponen en algunos países a ser detenidas y cumplir una condena por intentar acceder a un aborto, sino que ponen en juego su propia vida.