Cuando Filadelfia comenzó su cierre para frenar la propagación de COVID-19 a mediados de marzo, la concejala Helen Gym se puso al lado de la concejala Kendra Brooks para presentar dos resoluciones para proteger a los ciudadanos de Filadelfia en riesgo de la inevitable onda expansiva del coronavirus que se avecinaba.

En ese momento, Gym pidió una moratoria de desalojo y Brooks desarrolló un plan de acción para apoyar tanto a la industria de servicios como a los profesionales médicos de la ciudad.

Aproximadamente mes y medio después, a los dos se les unió el concejal Jamie Gauthier y una serie de otros concejales copatrocinadores para ampliar el llamamiento inicial de Gym para la protección contra el desalojo.

En una llamada virtual el 30 de abril, los tres anunciaron la Ley de Protección de Vivienda de Emergencia. La legislación es una combinación de seis proyectos de ley y una resolución diseñada para proteger a los inquilinos de Filadelfia de la pérdida de sus casas, ya que el cierre de COVID-19 parece que continuará por un tiempo aún indeterminado.

La moratoria de desalojo de la Corte Suprema de Pensilvania terminó el 30 de abril, pero los tribunales de Filadelfia no reanudarán las audiencias de desalojo hasta el 1 de junio.

A pesar de la paralización de los desalojos, los propietarios siguen cobrando el alquiler, mientras los inquilinos pierden trabajo semana a semana y no pueden pagar.

Uno de ellos es el pueblo Aryi Peoples. Como resultado del cierre de COVID-19, el negocio de marketing digital de Peoples se ha secado y su hija ha perdido su trabajo de profesora asistente. 

Sin ingresos, Peoples contactó a su casero para una prórroga hasta el 5 de abril a partir del 1 de abril para pagar el alquiler. 

"Teníamos toda la intención de pagar el alquiler, pero necesitábamos unos días más", dijo.

Su casero respondió cortando el agua caliente y manteniendo un recargo de 80 dólares, que Peoples no podía pagar además del alquiler.

Uno de los proyectos de ley propuestos por Gauthier como parte del Plan de Protección de Vivienda de Emergencia permitiría negociar planes de pago de alquiler entre propietarios e inquilinos como Peoples y su hija que perdió el trabajo debido al cierre de COVID-19.

Los planes de pago podrían durar hasta 12 meses. El otro proyecto de ley de Gauthier proporcionaría a los inquilinos una vía para recuperar los daños si su propietario los desaloja ilegalmente mientras la moratoria está en vigor.

Las dos facturas de Gym como parte de la ley extenderían la moratoria de desalojo por 60 días después de que se levante la orden del estado de emergencia (indeterminado) y crearían un programa de desvío de desalojo para que los inquilinos y los propietarios resuelvan los conflictos antes de que resulten en un desalojo formal.

Las facturas de Brooks estabilizan los alquileres de todas las propiedades de alquiler de la ciudad durante la duración de la pandemia y un año después, y no se aplican cargos por retraso ni multas a los inquilinos.

"Tenemos absolutamente claro que la vivienda es un derecho humano. No sólo es la piedra angular de un programa de lucha contra la pobreza, sino que es la piedra angular de cualquier programa de recuperación económica para la ciudad de Filadelfia y la mayoría de sus residentes", dijo Gym.

Más allá de su acción local, el Consejo de la Ciudad también está pidiendo más ayuda federal y estatal para ayudar a los inquilinos.

Es un mensaje similar para el alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, cuya postura ante la Ley de Protección de Vivienda de Emergencia es desconocido hasta ahora.

En la rueda de prensa diaria de la Oficina del Alcalde, COVID-19, el 30 de abril, Kenney dijo que Filadelfia "está sustancialmente atrasada en los fondos" como resultado del cierre.

"No podemos hacer las cosas sin fondos estatales y federales", dijo.

El presupuesto actualizado de Kenney para la ciudad tras el cierre de COVID-19, publicado el 1 de mayo, también parece sombrío en comparación con el presupuesto récord establecido en febrero.

Una gran pregunta planteada en respuesta a la Ley de Protección de Viviendas de Emergencia fue de dónde vendría el dinero para ciertos programas o costos cubiertos.

La respuesta de Gym fue que las inversiones valían la pena para mantener a la gente en sus casas y que a la ciudad le costaría mucho más alojar a la gente en los refugios.

Gauthier también se hizo eco del "costo muy real" de tener un aumento en los desalojos como podría suceder sin protecciones. Mencionó la carga financiera de los tribunales y los refugios y el posible avance de la crisis de salud con más personas fuera de un hogar.

Los proyectos de ley también se enfrentan a la oposición de los propietarios.

La Asociación de Apartamentos de Pensilvania (PAA) publicó una declaración en respuesta a la Ley de Protección de Vivienda de Emergencia que advirtió que aún podría poner en peligro la vivienda de los habitantes de Filadelfia cuando los bancos se hagan cargo de las propiedades de los propietarios.

Como el alcalde y el consejo de la ciudad, la PAA apoya el llamado a más fondos del gobierno federal y estatal.

A nivel estatal, los defensores pidieron la cancelación del alquiler junto con aplazamientos de la hipoteca para que tanto los propietarios como los inquilinos puedan beneficiarse.

La Ley de Protección de Viviendas de Emergencia se introdujo formalmente el 1 de mayo y probablemente tiene un plazo de tres a cuatro semanas antes de que se apruebe e implemente algo.

Este artículo forma parte de Broke in Philly, un proyecto de reportaje en colaboración entre más de 20 organizaciones de noticias, centrado en la movilidad económica en Filadelfia. Lea todos nuestros reportajes en brokeinphilly.org.