El expresidente boliviano, Evo Morales, llegó a Argentina el 12 de diciembre en busca de asilo político. Pese a haber gozado de este beneficio en México, declaró que prefería la cercanía a su país, para poder dar continuidad a su causa política, lo que motivó el traslado.

Ahora mismo se enfrenta al problema de haber sido solicitado en extradición por el gobierno de Jeanine Áñez por los delitos de sedición y terrorismo, el último de éstos clasificado como un delito penal internacional.

Adicionalmente, Morales podría llegar a ser juzgado por presuntos delitos de lesa humanidad. El 20 de noviembre se hizo público un video en que un se oye una voz indicando a un dirigente cocalero, identificado como Faustino Yucra Yarhui, que bloquearan las carreteras para evitar que entraran alimentos a las ciudades.

No ha sido confirmado aún que la voz que se oye en la grabación sea la del exmandatario. A la fecha, lo único que ha sucedido es que la Fiscalía General del Estado de Bolivia pidió apoyo al Cuerpo Técnico de Investigación de Colombia, cuyos laboratorios para este tipo de peritajes están acreditados a nivel internacional, para evaluar la veracidad de la grabación.

De confirmarse la veracidad del video, el Estado Argentino no tendría otra opción que extraditar a Morales, dado que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de la ACNUR establece que no podrán gozar de la condición de refugiado quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad.

Dado el reciente cambio de gobierno en Argentina, aún no se ha constituido la Comisión Nacional de Refugiados en Argentina (CONARE). Una vez esto suceda, la Comisión tendrá que evaluar el caso de Morales y determinar si le conceden el estatus de refugiado en Argentina o no.   No obstante, es muy poco probable que la decisión de la Comisión sea negativa, puesta el presidente argentino, Alberto Fernández, ha ordenado no aceptar el pedido de detención contra Morales y aumentar su custodia policial.

En una sorprendente declaración dada el 19 de diciembre, Morales afirmó que aún es presidente de Bolivia, pese a haber renunciado el 10 de noviembre (en circunstancias que por algunos han sido calificadas como un golpe de Estado).

El argumento del expresidente boliviano es que la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia no consideró en plenaria su renuncia ni se pronunció al respecto para aceptar o rechazar la dimisión.

Al revisar la página del Senado de Bolivia, e incluso su twitter, la afirmación de Morales parece ser confirmada. El día 12 de noviembre el Senado citó a una Sesión Extraordinaria, a celebrarse a las 4 pm, donde se trataría la renuncia de los entonces presidente Juan Evo Morales Ayma y vicepresidente Álvaro Marcelo García. 45 minutos antes se celebraría una sesión ordinaria.

Contrario a lo que se esperaría, todas las publicaciones siguientes de ese día son relativas a la posesión de la actual presidente interina Jeanine Áñez, sin que hayamos podido confirmar que previo a su posesión se aceptara la renuncia de Morales. No hemos podido encontrar ningún comunicado de prensa ni, si quiera, un twitt del Senado manifestándose al respecto.

Así las cosas, a la historia del boliviano se siguen sumando interrogantes: la naturaleza de su salida, la veracidad o falsedad del audio por el que se le acusaría de crímenes de lesa humanidad, la falla en protocolo. ¿De qué manera estos factores van a influir en su destino?