El 15 de noviembre el gobierno de Sebastián Piñera firmó un acuerdo con los partidos de oposición llamado “Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución”. En el citado texto se plantea que en abril del 2020 se realizará un plebiscito con dos preguntas:
 

1. ¿Quiere usted una nueva Constitución? Apruebo o Rechazo.
2. ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución? Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional.
    

La Convención Mixta Constitucional se refiere a un grupo de personas conformadas por representantes de la sociedad civil electos expresamente para la constituyente y por parte de la clase política; y la Convención Constitucional consiste, exclusivamente, en los representantes de la sociedad civil.  La selección de ambos cuerpos será en octubre 2020, simultáneamente con las elecciones locales que ya correspondían para la época desde antes del inicio del levantamiento social.

Una vez creada la Convención Constitucional (Mixta o no), tendrá un plazo máximo de nueve meses para producir la nueva Constitución chilena, plazo que sólo se podrá extender una vez, por un máximo de tres meses. Esta nueva constitución será sometida a un referéndum cuya participación será obligatoria.

Tener una nueva constitución ha sido el principal reclamo de la población civil durante el último mes y medio de protesta, dado que Chile sigue funcionando con la que instauró el dictador Augusto Pinochet en 1980, aunque haya pasado por varias modificaciones. Por este motivo, el anuncio de del Acuerdo Por la Paz Social y Nueva Constitución ha sido recibido por algunos como un logro histórico del que hay que cuidar. No obstante, esto no ha bastando para calmar las preocupaciones.

En primera instancia, porque el Acuerdo no fue construido con una diversidad suficiente de representantes del movimiento social sino, más bien, como un acuerdo entre partidos políticos. Un segundo punto de discordia radica en la determinación de quiénes serán los constituyentes y con qué mecanismos se elegirán: se oyen voces que demandan un grupo paritario con 50% mujeres y 50% hombres y cuotas de grupos indígenas, cuotas proporcionales a los distritos electorales, mas este es un aspecto sobre el que el diálogo no parece haberse dado con total apertura.

Sobre estos puntos, la Mesa de Unidad Social elaboró una propuesta técnica para la construcción de un “Acuerdo Social por la Asamblea Constituyente Plurinacional y Paritaria” que fue presentada al Ministro del Interior Gonzalo Blumel el pasado 4 de diciembre; la respuesta de la coalición oficialista Chile Vamos fue atenerse al acuerdo ya firmado, sin definir cuotas de ninguna clase. Salta la pregunta de cómo ha de construirse una constitución que ayude a sanar la crisis social por la que pasa el país sin que haya una representación amplia y suficiente de los diversos grupos sociales.

Finalmente, mientras los partidos y movimientos sociales se ocupan intensamente en el proceso constituyente, los manifestantes siguen protestando por su calidad de vida, punto que si bien no puede resolverse por decreto ni por arte de magia ni debe ser atendido sin demora tanto por una necesidad humana como porque de eso depende la viabilidad de lo que se logre con la constituyente.