El presidente Donald Trump ha vuelto a hacer uso del maleable concepto de “emergencia” para atacar a la comunidad inmigrante –tanto dentro como fuera del país.

De la misma manera en que pasó por encima del Congreso hace un año para declarar una supuesta “emergencia nacional” y obtener fondos para construir su ansiado muro fronterizo, Trump ha aprovechado ahora la pandemia del Coronavirus para conseguir deportar “masivamente” a solicitantes de asilo.

Según reportó el Washington Post, desde el 21 de marzo la administración “ha llevado a cabo casi 10.000 deportaciones sin contemplaciones”, mejor conocidas como “expulsiones”, utilizando medidas a su alcance durante la emergencia de salud pública.

Las medidas han dado a la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza “amplia autoridad para eludir las leyes de inmigración”, según explicaron funcionarios el pasado jueves, y han permitido a la agencia “rechazar rápidamente a la mayoría de los migrantes no autorizados”, enviándolos directamente a México.

Argumentando el miedo al contagio por Coronavirus, funcionarios de la Patrulla Fronteriza aseguraron tener “menos de 100 detenidos” en sus estaciones, en comparación con los casi 20.000 que había el año pasado por estas fechas.

Según dijo a los medios el comisionado interino Mark Morgan, los niveles de migración “han caído hasta casi su punto más bajo en décadas” desde la implementación de las expulsiones rápidas, y los llamados “cruces ilegales de frontera” se han reducido en un 56%.

Morgan aseguró que “Estados Unidos ha cerrado prácticamente sus fronteras a los solicitantes de asilo que huyen de la persecución, incluidos los que intentan entrar legalmente”.

“Los indocumentados o los que no tienen documentos o autorización, son rechazados”, dijo.

Paradójicamente, y desde que Estados Unidos se convirtiera en el epicentro de la pandemia por COVID-19, varios países de Centroamérica han tomado medidas para evitar el contagio masivo en sus territorios, suspendiendo deportaciones y reforzando la seguridad a lo largo de la frontera, según reportó ABC News.

El llamado ha sido a que Estados Unidos suspenda las deportaciones por miedo a que los inmigrantes trasladados puedan ser portadores del virus, un llamado al que Trump ha hecho oídos sordos, incluso después de que se reportara un caso positivo de un hombre deportado a Guatemala.

"Los deportados llegan todos los días, arriesgándose a una mayor propagación de la infección por COVID-19 en América Central y poniendo a prueba los limitados recursos de los gobiernos centroamericanos que están preparando los sistemas de salud para atender a una población ya vulnerable", dijo Meg Galas, directora para América Central del Norte del Comité Internacional de Rescate, una organización de ayuda que apoya a los migrantes deportados, particularmente en El Salvador.

Mientras Estados Unidos cuenta con más de 500.000 casos por Coronavirus, México ha reportado alrededor de 4.661, Guatemala 155 y El Salvador 137, pero las condiciones a las que son sometidos los solicitantes de asilo en el otro lado de la frontera podrían ser un grave foco de contagio.

Gracias a la política “Permanecer en México” instaurada por el Departamento de Seguridad Nacional, los inmigrantes son forzados a permanecer en campamentos y refugios “antihigiénicos” en ciudades fronterizas mexicanas donde corren “un mayor riesgo” de contraer el virus COVID-19, según denunció la Human Rights Watch.

Según la organización, el protocolo debería ser poner en libertad condicional, y con medidas de cuarentena, a los inmigrantes, y deportarles es “una violación a los derechos internacionales”.

"El gobierno de los Estados Unidos está presionando a las personas que están en proceso de solicitar asilo, incluyendo a los niños, para que vivan en condiciones antihigiénicas que aumentan innecesariamente su riesgo de contraer el coronavirus", dijo Ariana Sawyer, investigadora de fronteras de los Estados Unidos en Human Rights Watch. "Los Estados Unidos tienen la obligación, en virtud del derecho internacional, de no obligar a las personas a arriesgar su derecho a la vida para ejercer su derecho a solicitar asilo".