"Debemos preguntarnos, '¿Es la remoción el único remedio?' No. Y quizás no sea el mejor remedio en todos los casos. … Cuando comenzamos a sacar a la gente que ha estado aquí durante 25 años, no es tan simple. Hay toda una vida en torno a esa persona, gran parte de ella, legítima y positiva; tener hijos que han nacido en Estados Unidos por ejemplo. … Se trata del padre de alguien, del abuelo de alguien".

Pregunta: ¿Quién creen ustedes que me dijo esto en una entrevista de 2010?

¿Newt Gingrich? Podría haber sido. El posible candidato presidencial del Partido Republicano ha tomado una posición que está a la izquierda de la del gobierno de Obama en cuanto a la deportación de inmigrantes ilegales. Gingrich dice que no debemos dividir a las familias, algo que la Casa Blanca hace con facilidad. 

La respuesta correcta: John Morton, director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés). Ésta es la persona a quien se le asignó la sucia tarea de lograr números récord de deportaciones para demostrar que el presidente Obama es duro con la inmigración ilegal. Para probarlo, desde la inauguración de Obama, ICE ha deportado a más de 1,3 millones de inmigrantes ilegales, más que cualquier otro gobierno en seis décadas. Lo ha hecho torciendo las reglas, utilizando a la policía local como multiplicadora de fuerzas por medio de un siniestro programa denominado Comunidades Seguras y, según se dice, estableciendo cuotas mensuales para el número de remociones. 

Más y más latinos están aceptando, finalmente, la idea de que Obama no es su amigo. Según una reciente encuesta del Pew Hispanic Center, los latinos —tanto ciudadanos como no-ciudadanos— desaprueban la manera en que Obama está manejando las deportaciones por un 59 por ciento contra un 27 por ciento. 

Es interesante que Morton esté actualmente tratando de deportar al "abuelo de alguien", a una persona con un montón de vidas "en torno a ella", alguien que tiene "hijos nacidos en Estados Unidos" y que ha pasado cuatro décadas en Estados Unidos, "gran parte de [esa época] legítima y positiva". 

ICE ha tomado como blanco a Jorge Aguilar. Este residente de California de 62 años no es un inmigrante ilegal. De hecho, es un inmigrante legal con tarjeta verde válida. Obedeció las reglas para entrar en este país cuando vino de joven a cosechar frutas y vegetales en el Valle de San Joaquín. Y siguió las reglas para quedarse aquí renovando su tarjeta verde cada 10 años como la ley lo requiere. Él y su esposa criaron cuatro hijos exitosos y ahora brindan su afecto a seis nietos. Todos los miembros de la familia son ciudadanos estadounidenses, excepto Aguilar. 

Aún así, en abril de 2009, Aguilar fue arrestado por agentes de ICE en su casa, engrillado y llevado por avión a un centro de detención. Con todo ese aparato, se hubiera pensado que los hombres del gobierno estaban transportando al jefe del narcotráfico mexicano, Joaquín "El Chapo" Guzmán, la persona más buscada por las fuerzas de seguridad internacionales. 

Aguilar hizo dos cosas mal en los 40 años que vivió de este lado de la frontera: Lo condenaron por un delito mayor de drogas en 1989, por el que cumplió una sentencia de cárcel, y nunca se hizo ciudadano estadounidense. Debido a la condena, que él confirmó voluntariamente en su solicitud de renovación de la tarjeta verde, cumple los requisitos para ser deportado. Y por no ser ciudadano estadounidense, no puede luchar contra ese cargo. Pronto podría estar en un ómnibus hacia México y podríamos tener una familia devastada. 

Esas son las reglas. El estadounidense promedio cree ingenuamente en los términos inmigrante "legal" e "ilegal", y supone que el uno puede quedarse y el otro debe partir. Pero el gobierno federal piensa en el marco de "ciudadano estadounidense" y todos los demás. Los ciudadanos estadounidenses tienen toda una serie de derechos en nuestro sistema legal; y "todos los demás" no la tienen. 

Permítanme aclarar. No apruebo los delitos de drogas, y pienso que fue un error que Aguilar no se hiciera ciudadano estadounidense cuando tuvo la oportunidad. Pero vivimos en un país en que se permite a la gente que comete delitos y paga su deuda a la sociedad comenzar de nuevo, y donde uno puede escoger no convertirse en ciudadano sin que se lo castigue por ello. 

Lo entendemos: Obama es duro con la inmigración. ¿Qué tal ahora un poco de decencia y sentido común? 

Y si eso no es posible, ¿qué tal si el gobierno cumpliera simplemente con su propia pantalla de humo, generada con fines de relaciones públicas, de supuestamente no deportar a la gente enraizada en el país? 

Un padre y abuelo de 62 años que emigró legalmente, trabajó toda su vida de adulto, pagó sus impuestos y contribuyó de otras formas durante décadas no es alguien que deba ser sacado del país a la fuerza —especialmente en nombre de preservar la "seguridad del territorio". 

Deportar a alguien como Jorge Aguilar no hace nada para proteger al país. Pero hace bastante para empequeñecerlo.