Los adultos tienen el deber de amar y proteger a los niños.  Aun así, ni un día pasa en el cual  no escuchamos historias de niños abusados por alguien que conocen y confían. Los perpetradores cubren un espectro muy amplio, de padres a entrenadores a  maestros a clérigos.  Pero especialmente amargo para la comunidad católica en todo el estado es un informe, de marzo 1, de un Gran Jurado que detalla los abusos que tuvo lugar en el occidente de Pensilvania, en la Diócesis de Altoona-Johnstown.

Esta noticia trae sentimientos desagradables para muchos dentro de nuestra Arquidiócesis, que aprendió sus lecciones sobre el abuso sexual de menores en carne propia. La lección más importante es que las personas que sufren más en estas tragedias son los sobrevivientes y sus familias. Yo me he reunido con muchos sobrevivientes a través de los años. Sus historias y experiencias son intensamente dolorosas. Lamento profundamente todo lo que han sufrido, por los fracasos en el pasado de la iglesia y por el papel que ella ha desempeñado en su sufrimiento.

Cuando llegué aquí hace más de cuatro años, comprometimos a la Arquidiócesis de Filadelfia a hacer todo lo posible para apoyar a los sobrevivientes en su camino hacia la sanación y para crear ambientes de Iglesia y escuela que protegieran a nuestros jóvenes y evitaran daños.  Mi predecesor, el cardenal Rigali, ya había comenzado al contratar profesionales respetados –expertos de servicios a víctimas y de comunidades encargadas de aplicar la ley– para establecer e implementar las mejores prácticas.  Su cargo fue basado en dos simples requisitos: las autoridades policiales deben ser notificadas inmediata y correctamente cuando es hecha cualquier alegación de abuso; y los supervivientes necesitan ser atendidos profesionalmente y con compasión.

Hemos hecho progresos. Hoy en día, la Arquidiócesis tiene una política de tolerancia cero para el clero, empleados laicos y voluntarios que participan en  conducta impropia con los niños, y toma acción inmediata cuando una acusación es hecha.  Cualquier alegación de abuso debe ser comunicada inmediatamente a los funcionarios de la ley y cualquier acusación fundamentada contra un miembro del clero resulta en el inmediato retiro del Ministerio.

Cada año, nuestro Programa de Asistencia para Víctimas ofrece un gran apoyo a individuos y familias.  En el año fiscal 2014-2015 solamente, la Arquidiócesis dedicó más de $ 1,7 millones para garantizar asesoramiento, proporcionar medicamentos, eliminar barreras para recibir apoyo tales como viajes y cuidado de niños, y proporcionó otras formas de apoyo a los sobrevivientes y sus familias.

Los padres y las familias necesitan tener confianza en que sus hijos están protegidos. Para satisfacer esa necesidad, los miembros de nuestra Arquidiócesis juegan un papel importante todos los días en la creación de ambientes seguros para cualquier persona que participe en nuestra parroquia, escuela, servicios o actividades recreativas. Nuestra Oficina para la Protección de Niños y Jóvenes  ofrece capacitación obligatoria y esfuerzos educativos al clero, personal y voluntarios sobre cómo reconocer conductas impropias y reportar abuso o comportamiento inapropiado.

Desde 2003, más de 92.000 adultos en nuestra comunidad arquidiocesana han recibido capacitación para reconocer, responder a y denunciar el abuso infantil.  Y cada año, más de 100.000 niños y niñas reciben educación, apropiada para la edad,  de prevención de abuso. Estos esfuerzos son constantemente revisados, mejorados y aumentados.  El próximo mes, lanzaremos un nuevo programa de educación en nuestras escuelas diocesanas, grados 9-12, centrado en las relaciones sanas, llamado TeenTalk: Lessons to Empower Youth in a Modern World  (programa para adolescentes para capacitar al  adolescente en un mundo moderno).

Sabemos que prevenir nuevos casos de abuso requiere vigilancia.  Somos bendecidos por la dedicación de más de 280 designados coordinadores de ambiente seguro que trabajan en parroquias, colegios y ministerios para garantizar el cumplimiento de las leyes y nuestras propias políticas arquidiocesanas.  Incluso antes de que la ley de Pensilvania cambiara recientemente como resultado del trabajo del Task Force on Child Protection (grupo de trabajo sobre protección de los niños), la Arquidiócesis ya había exigido a todas las personas que trabajan con los niños, incluidos los voluntarios, a someterse a una investigación de antecedentes penales y de abuso de menores, asistir a programas de capacitación de ambiente seguro y de denuncias obligatorias, así como informar sospechas de abuso infantil a las autoridades legales apropiadas.

Ésta es una tarea enorme, y estoy agradecido a todos nuestros Coordinadores de Ambiente Seguro y todos los miembros de nuestras parroquias y escuelas por el trabajo que hacen en la vanguardia, por su valioso aporte a nuestra Oficina para la Protección de Niños y Jóvenes y lo más importante por su defensa en nombre de nuestros niños diocesanos. Sus esfuerzos han entretejido seguridad, prevención y sanación en el tejido de nuestra vida diocesana.

Como parte de nuestros continuos esfuerzos, desde el mes próximo nos uniremos a muchos otros para celebrar el Mes de Prevención del Abuso Infantil con eventos especiales y programas de educación.  Pero nuestro trabajo de ayuda para sanar para los sobrevivientes, de proteger a nuestro pueblo y  de purificación de la Iglesia continuará —permanentemente—.