Inmigración a grandes rasgos se traduce
simplemente en mano de obra barata, que por coincidencia era el mismo
fundamento de la esclavitud, suficientemente controversial como para provocar
la Guerra Civil hace solo 150 años.

La mayoría de la Corte Suprema resolvió en
Mayo 26 errar a favor del camino tortuoso e incivilizado de Arizona que
sanciona a los empleadores de inmigrantes no autorizados por sobre lo exigido
por la ley federal de inmigración.

El "vacío" explotado por la Ley de Trabajadores
Legales de Arizona HB 2745 –hoy bendecido por la Corte Suprema- es una
'cláusula de salvaguardia' en la Ley de Reforma y Control de Inmigración de
1986 (IRCA) que supuestamente permitiría que Arizona imponga sus propias
sanciones mediante licencias de negocios.

La función de la 'cláusula de salvaguardia'
es la de diferenciar los límites de la autoridad federal y de la estatal, y en
esta oportunidad la mayoría de Jueces de la Corte Suprema opinó que Arizona
puede decidir si las empresas que contrataron a trabajadores no autorizados
deben seguir existiendo o no del todo, un poder ejercido mediante la
"suspensión o revocatoria de licencia", el equivalente a una "pena de muerte
para empresas" en palabras de la Cámara de Comercio.

El asunto no es simplemente eliminar
compañías mediante sanciones de licenciamiento, peor aún es el errático proceso
de adjudicación –el proceso judicial mediante el cual la compañía es sancionada
con la pérdida permanente del derecho a hacer negocios en Arizona- se basa en evidencia
cuestionable provista por el programa piloto gubernamental E-Verify.

El Presidente de la Corte Suprema, el Juez
Roberts no vio problema alguno en que el estado de Arizona se imponga por sobre
la ley federal, ni que se le antoje adjudicar sentenciando a muerte a empresas
amparándose en evidencia endeble generada por un programa federal en etapa
"piloto" o de prueba, en la cual la participación de los estados es
"voluntaria".

Disintiendo de la mayoría, los jueces Breyer
y Sotomayor abiertamente advierten de los peligros de esta opinión defectuosa
de la Corte Suprema: crea obstáculos a los propósitos y objetivos del Congreso
en materia de inmigración, y habilita la imposición de sanciones a empleadores
que resultarán en discriminación laboral en contra de Hispano-Estadounidenses.

Para condenar a las empresas Arizona admite
evidencia cuestionable, y para colmo cualquier ciudadano de Arizona puede
presentar quejas anónimamente, ¿y la Corte Suprema no ve  problema alguno en esta práctica
característica de estados policiales?

¿Por qué querría el Congreso al formular IRCA
permitir drásticas sanciones estatales que destruirían a empresas?  ¿Por qué permitiría el Congreso a los
estados que promuevan la discriminación laboral?  ¿Por qué permitiría el Congreso socavar protecciones en
procesos legales seguidos contra empleadores?  El Juez Breyer planteó estas preguntas retóricas a la
mayoría de la Corte Suprema concluyendo que semejante lectura de la ley esta supremamente
equivocada.

Que la Corte Suprema apruebe socavar la ley
federal, promoviendo así la discriminación y procesos de adjudicación fingidos,
es malo y autodestructivo.