Sí, el trabajo esclavo. Eso es lo que ocurre en las cárceles privadas de inmigración donde los detenidos son forzados -repito, forzados- a trabajar por $1 por día o incluso menos, mientras que los propietarios ganan miles de millones a costa de su sufrimiento con la complicidad de políticos codiciosos.

Y eso es lo que codiciosos políticos como los 18 hombres -todos son hombres- que escribieron una carta al Fiscal General Jeff Sessions, al jefe del ICE y al Departamento de Trabajo exigiendo que se permita a las prisiones privadas continuar con sus vergonzosos abusos, quieren preservar.

El trabajo forzado, escribieron los legisladores, es bueno para los inmigrantes. No para la industria multimillonaria de prisiones privadas, o para ellos, siempre dispuestos a vender sus almas al diablo que mejor pague, sino para los inmigrantes. Increíble.

El GEO Group, la mayor y más rentable de las compañías involucradas en encarcelar inmigrantes en condiciones deplorables durante meses e incluso años, está siendo demandado por exreclusos que alegan que pagarles a los inmigrantes detenidos $1 por día o menos infringe una ley contra el tráfico de personas.

Sin embargo, los legisladores republicanos, ciegos a la moral y la solidaridad humana, no ven nada malo en eso y, en una repugnante demostración de hipocresía, están pidiendo a Sessions y a los otros destinatarios de la carta que ayuden a la gigantesca compañía a defenderse de los inmigrantes. Increíble definitivamente.

Para que los votantes no los olviden, esta es la vergonzosa lista de "líderes" republicanos que firmaron la carta: Lamar Smith, Jody Hice, Matt Gaetz, Steve King, Mike Rogers, Paul Gosar, Andy Biggs, Louie Gohmert, Dana Rohrabacher, Paul Cook, Scott Taylor, Earl "Buddy" Carter, John Ratcliffe, Duncan Hunter, Bob Gibbs, Barry Loudermilk, Brian Babin y John Rutherford.

Pensándolo bien, no hay nada sorprendente acerca del romance de los congresistas con un negocio despreciable que se beneficia al privar al mayor número posible de personas de su libertad. Después de todo, GEO Group Inc., y el otro titán de la industria, CoreCivic, antes conocido como Corrections Corp. of America, han contribuido generosamente con más de $10 millones a candidatos desde 1989 y han distribuido $25 millones más a través del cabildeo.

Tal generosidad no ha sido en vano. Un informe del Justice Policy Institute citado por Michael Cohen en el Washington Post, revela que las ganancias de estas compañías han crecido con una rapidez sin precedentes.

"Ahora obtienen un total combinado de $3.300 millones en ingresos anuales y la población de las prisiones privadas federales se duplicó con creces entre 2000 y 2010", escribió Cohen. "Las empresas privadas albergan a casi la mitad de los inmigrantes detenidos del país, en comparación con el 25 % de hace una década".

En total, agregó Cohen, ahora hay alrededor de 130 prisiones privadas en el país con unas 157.000 camas.

Bajo Trump, quien ha hecho de la persecución y el terror de los inmigrantes la pieza central de su administración, esta despreciable industria está bien situada como para que le vaya aún mejor. Las prisiones privadas, ha dicho Trump, "parecen funcionar mucho mejor".

El grosero Mr. Trump tiene razón: las prisiones privadas funcionan mucho mejor, pero solo para las corporaciones a las que el sufrimiento de miles de familias vulnerables les reporta miles de millones en ganancias. Y claro, también para los racistas codiciosos en el Congreso siempre dispuestos a vender sus almas al diablo que mejor pague.