La serie de normativas debe pasar ahora al
escritorio del gobernador republicano, Gary Herbert, quien se anticipa las
firme como leyes estatales.

El acuerdo de legislación bipartidista, adoptado el
viernes 4 de marzo, marca una distancia con las leyes antiinmigrantes
sancionadas en el estado vecino del sur, Arizona,  y de donde se desató la
tendencia de otros estados de copiar normativas como la SB 1070, que
criminaliza a los indocumentados, que firmó la gobernadora Jan Brewer, que el gobierno federal retó y que aún se disputa en
las cortes.

Y no es casualidad que algunos estados estén
reevaluando  la adopción de leyes como la de Arizona. Según el Center for
American Progress, una institución de pensamiento –"think tank"- de Washington
DC, las pérdidas que tendrá ese estado en cancelaciones de conferencias y
encuentros debido a la ley SB 1070 ascenderán en los próximos tres años a 388
millones de dólares.

A principios de este año, alrededor de 20 estados
estaban contemplando seguirle los pasos a Arizona, pero al inicio del primer
trimestre de 2011, en al menos seis estados los
proyectos de ley tipo SB 1070 ya han sido descartados.

En Colorado, el proyecto murió en un comité judicial
de la Legislatura. En Nebraska, la propuesta se halla empantanada. En Florida,
algunos legisladores republicanos han expresado preocupación por el impacto
económico que tendría pasar una ley similar a la SB 1070. En Maine, los
comerciantes se han organizado para contrarrestar la propuesta de ley parecida
a la de Arizona. Y en California, el proyecto impulsado por el asambleísta,
exintegrante de los milicianos Minute Man, Tim Donnelly, tiene pocas
probabilidades de ser aprobado.

Incluso, en Arizona, también el viernes 4 de marzo,
el paladín en contra de los indocumentados, Russell Pearce, autor de la SB
1070, suspendió temporalmente la discusión del paquete de medidas antiinmigrantes
de 2011, que incluían la negación de la ciudadanía para los hijos de
indocumentados, exigir que los hospitales verifiquen el estatus migratorio de
los pacientes, y que los maestros y los trabajadores sociales reporten a los
inmigrantes sin papeles a las autoridades federales.

Lo ocurrido en Utah presenta una nueva perspectiva
respecto a la adopción de leyes estatales que tocan el asunto migratorio, ante
la ausencia de una solución federal.

La ley de Utah considera dar a los inmigrantes
indocumentados  permiso para  vivir y trabajar en el estado, pero la
expedición de esos permisos está sujeta a que el gobierno federal de luz verde
a dispensas, exenciones y autorizaciones.

El Departamento de Seguridad Pública de Utah
cobraría a quienes no tengan papeles 2,500 dólares por el permiso y 1,000 para
quienes hayan permanecido en el país después de vencer su periodo de visa.

Se calcula que en Utah estén radicados 110,000
indocumentados y el beneficio lo recibirían quienes hayan  estado viviendo
en el estado antes del  10 de mayo de 2011.

En lo concerniente al programa de trabajadores
huéspedes, se contempla establecer un acuerdo con el estado mexicano de Nuevo
León para importar trabajadores que podrían permanecer en el país durante dos
años.

El concepto del permiso fue  impulsado por la
senadora demócrata Luz Robles y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días, prevalente en Utah, abogó por la aprobación de las medidas.

Sin embargo, los opositores al paquete migratorio,
respaldado por la iglesia mormona, ponen en tela de juicio la
constitucionalidad de las medidas.

Cabe anotar, que Utah es único estado que ha creado
licencias especiales de conducir para los indocumentados y que durante los seis
años de vigencia se han expedido 42,000 de estos permisos de manejar.

Entre tanto, en Georgia y Carolina del Norte
avanzaron proyectos de ley punitivos similares a la SB 1070, que para nada
contienen la luz de lo aprobado por la Legislatura Estatal de Utah.