Imaginemos que al momento de solicitar un empleo el entrevistador le
dijera, luego de unas cuantas pruebas, que usted no es candidato para el puesto
que solicita porque su examen genético indica que tiene 95% de posibilidades de
padecer artritis. Aunque parece increíble, es una realidad técnicamente
posible.

Con las pruebas genéticas las personas pueden ser conscientes de las
probabilidades de padecer una dolencia a corto o a largo plazo, y así tomar
precauciones para evitarla o atenderla tempranamente.  Pero también puede ser una herramienta en su contra. Junto
con la maravilla de la ciencia aplicada a las pruebas genéticas, ha nacido un
gran temor: la discriminación que pueden generar. A medida que estos exámenes
se han ido masificando han surgido muchas preguntas. ¿Hasta dónde es posible y
legítimo decidir sobre esa información médica? ¿Las empresas y organizaciones
serán tentadas a utilizarla en sus procesos de selección de personal? ¿Las
compañías de seguros buscarán la información para su beneficio?

      Los sindicatos
se han manifestado en contra de la utilización de resultados biológicos para
reclutar empleados. Sin duda, el mayor conflicto en este asunto es el manejo de
información genética sin el consentimiento de las personas: originaría dilemas
legales, sociales y éticos en torno al tema. Existen cientos de pruebas en el
mercado, incluso se puede comprar toda la secuencia genética de una persona.
Sin embargo, es enorme el temor de que estos exámenes puedan ser utilizados en
recursos humanos para selección de personal.

Las empresas, para obtener una mayor rentabilidad desean aprovechar al
máximo la fuerza de trabajo y evitar ausentismos prolongados por enfermedades.
La tentación de usar estos exámenes es enorme al contratar empleados o
funcionarios que gocen de buena salud en el presente, y en el futuro. El
conocer sus características genéticas les permitiría tomar medidas para
identificar qué ambientes pueden perjudicarlos, y a la vez, las empresas se someterían
a dictámenes de salubridad en los ambientes de trabajo.

Las pruebas a los empleados les ofrecería la oportunidad de adquirir
hábitos saludables y hacer elecciones de vida sensatas: muchas enfermedades
pueden evitarse si se conoce que hay cierta tendencia a padecerlas. En realidad
no son sólo las empresas las que tienen el derecho a saber, sino los empleados deben
conocer los riesgos de trabajo. ¿Las condiciones de la empresa son saludables?
¿Están libres de contaminación ambiental?

La normativa de la UNESCO a través de la "Declaración Internacional
sobre Datos Genéticos" estableció los principios que los países se obligan a
cumplir mediante sus propias legislaciones.  En 2008 E.U. promulgó la ley GINA con el objetivo de no
discriminar mediante información genética, y estipuló que ni organizaciones ni aseguradoras
de salud podían excluir a individuos en base a sus datos genéticos.  En Alemania la ley se basa en los
principios éticos del respeto por la autonomía y la privacidad: a nadie se le
puede someter a pruebas sin su consentimiento. Ni los empleadores ni las
aseguradoras pueden exigir un análisis genético. Discriminar a alguien o
estigmatizarlo por sus características genéticas está prohibido.

Otro aspecto muy importante a considerar por los pacientes, médicos y
juristas es que las predicciones de las pruebas genéticas exigen un alto grado
de ética profesional, e implican cierto margen de error porque existen muchos
factores que pueden influir en la salud. Una persona con carga genética
negativa puede vivir una vida con hábitos saludables y no enfermar, mientras
que otra, a pesar de pruebas excelentes, puede contribuir con su estilo de vida
a desarrollar un padecimiento.

betrevino@prodigy.net.mx