"Así que progresamos," sostuvo el presidente Obama en su discurso sobre reforma migratoria integral el pasado primero de julio.

La noción de progreso del señor Obama consiste en alabar a los 11 millones de indocumentados quienes en sus propias palabras "simplemente buscan una mejor vida para sí mismos y sus hijos" y acto seguido atacarlos mediante dirigir a su Secretaria de

Seguridad Doméstica que "mejore el control policial sin esperar a que cambie la ley".

El presidente se expresa sinceramente, admite sin más que hará aún más miserables a los "busca-mejor-vidas" mediante "reforzar el control policial", lo que ha resultado en una cacería de brujas a gran escala tratando inconstitucionalmente a los inmigrantes cual felones, deteniéndolos y deportándolos por cientos de miles.

Algún progreso se dio con la demanda del Departamento de Justicia para que se "suspenda definitivamente" la ley S.B. 1070 de Arizona, que regiría a partir del 29 de julio.

Curiosamente el Departamento de Justicia condena no solo la "pobremente concebida" pero la abiertamente perniciosa naturaleza de la S.B. 1070 que criminaliza la sola "presencia" de inmigrantes en suelo de Arizona.

El Departamento de Justicia denuncia que la S.B. 1070 "viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución estadounidense"; "persigue una sola meta –"el desgaste"-"; y por suplantar "el régimen de inmigración del gobierno federal por uno propio."

Cuánto más leemos la demanda, extrañamente más se asemeja a una denuncia en contra de la política de reforzamiento policíaco de la administración Obama.

El Departamento de Justicia protesta que Arizona se toma para sí "la considerable discreción en materia de aplicación de las leyes federales de inmigración" que la Ley de Inmigración y Naturalización concede solo al poder ejecutivo.  Discreción que la administración Obama se rehusa a ejercer.

La denuncia asevera "que en el ejercicio de su significativa discreción en el cumplimiento de la ley, el gobierno federal prioriza el arresto, detención, enjuiciamiento, y remoción de aquellos extranjeros que representan un peligro para la seguridad nacional o riesgo a la seguridad pública."  Discreción totalmente ausente de la voracidad por cumplir cuotas de deportaciones por parte del Departamento de Seguridad Doméstica DHS.

Absurdamente la administración Obama aún no ha reversado un espantoso memorando del 2002 que reconoce soberanía en materia de arrestos de inmigrantes a cada estado, redactado por uno de los arquitectos de la justificación de la tortura el señor Jay S. Bybee asistente del Fiscal General durante la administración Bush.

Los presidentes Bush y Obama, pese a su inhabilidad para conseguir los votos necesarios para una reforma migratoria integral, han usado y abusado su discreción ejecutiva para escalar las medidas policiales de inmigración para combatir a los inmigrantes.

Si el presidente Obama recapacitara y decidiera efectivamente emplear sus poderes para combatir los males del tráfico de drogas, armas y de personas, en lugar de castigar a sus víctimas, quizás logre rescatar lo que queda de su credibilidad entre una comunidad de inmigrantes mayoritariamente hispana.