Recientemente, el Departamento de Seguridad del Territorio creó una oficina llamada Víctimas de Delitos Perpetrados por la Inmigración (VOICE, por sus siglas en inglés), presuntamente para servir a los estadounidenses que sufren daños cuando los indocumentados cometen delitos. 

Gente como Benjamin e Ingrid Lake quienes, junto con su hijo de 6 años, Lennox, volvían de Disneyland, el 6 de mayo, cuando un conductor ebrio arremetió contra ellos con su carro en San Ysidro, California, al sur de San Diego y cerca de la frontera mexicano-americana. 

El conductor, Constantino Banda-Acosta, de 38 años, es un inmigrante ilegal que se fugó del lugar del hecho, pero fue arrestado enseguida. 

Los padres sufrieron lesiones menores, pero Lennox sigue hospitalizado. Recibe tratamiento por una herida seria en el cráneo, pero se espera que se recupere totalmente. 

Un delincuente como Banda-Acosta vuela bajo el radar porque, bajos circunstancias normales, ni las autoridades federales ni locales desean hacerse responsables de él. 

Es decir, hasta que hay un choque, un niño lesionado, y el espectáculo de los medios. Entonces, todas las jurisdicciones lo quieren arrestar. 

Los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) presentaron una orden de detención contra Banda-Acosta, con el propósito de “perseguir más medidas punitivas de inmigración y/o proceso penal.” Pero ICE tendrá que enfriar la cosa y esperar su turno. 

La fiscalía de San Diego quiere el primer contacto con Banda-Acosta. Fue acusado en el tribunal del estado de no permanecer en el lugar del hecho después de un choque en el que causó lesiones permanentes, de manejar cuando estaba ebrio causando daños corporales serios y de manejar sin licencia. 

En ese frenesí de las fuerzas del orden es difícil ver qué más podría hacer la nueva oficina VOICE del gobierno para la familia Lake. 

Pero quizás ése no sea el objetivo, después de todo. 

Quizás VOICE sólo sea una herramienta de propaganda por medio de la cual el gobierno hará demagogia con los que creen que los indocumentados están predispuestos a actividades criminales. 

Eso encaja. Los inmigrantes ilegales son la respuesta de este gobierno a Willie Horton. La campaña presidencial de George H. W. Bush, en 1988—bajo la dirección del estratega del Partido Republicano, Lee Atwater—hizo de ese convicto, libre bajo permiso especial, su tema principal, por medio de un tristemente famoso anuncio de televisión que intentaba pintar al entonces gobernador de Massachusetts, Michael Dukakis, como blando con la delincuencia. El aviso era racista y un ejemplo de manual de juego sucio. 

Trump sabe cómo utilizar el racismo para jugar sucio. Tildó a los inmigrantes mexicanos de delincuentes y violadores, y sugirió que México está contento de deshacerse de ellos. Durante la campaña, a menudo posó con individuos que perdieron miembros de su familia por delitos cometidos por inmigrantes ilegales. 

Aún así, el gobierno se está extralimitando enormemente en esto. 

Implicar que un grupo de gente (los inmigrantes) tiene más probabilidades de cometer delitos que otro (los nacidos en el país) es inmoral. Y debido a que la vasta mayoría de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos es latina, alimenta el estereotipo de que los extranjeros de una cierta etnia son criminales natos. 

Hace cien años, se decía lo mismo de los inmigrantes italianos. El temor proporcionó el apoyo para la Ley de Inmigración de 1924, que impedía la entrada de inmigrantes del “sur de Europa”. Léase: Italia. 

Pero si los inmigrantes ilegales son tan letales, ¿por qué invitan los estadounidenses a estos matones a sus hogares para hacer sus tareas? ¿Por qué les dan a sus jardineros el código para entrar en sus comunidades cercadas y entregan los niños a las niñeras? Quizás, la mayoría de esa gente no sea tan peligrosa, después de todo. 

Politizar la delincuencia no es una buena idea. En lugar de hacer estos juegos, el gobierno debe arreglar el sistema migratorio de nuestra nación. 

Para los conservadores, la solución simple es más deportaciones. ¿Pero qué les hace pensar, a estos ingenuos derechistas, que las personas deportadas siguen estando deportadas? 

Según funcionarios de inmigración, Banda-Acosta fue deportado 15 veces desde 2002. La última vez que fue expulsado, estaba durmiendo de vuelta en su cama sólo 10 días más tarde. 

Individuos como ése no merecen un pasaje de ómnibus gratis a fin de visitar a la familia del otro lado de la frontera, para poder volver cuando se acaba la visita. Merecen tiempo de prisión, en el lugar donde cometieron el delito—Estados Unidos.

Eso es de sentido común. Lo que explica por qué no lo están oyendo de un gobierno que valora más el teatro político.