Hodge debe restaurar la apariencia de integridad que la Oficina del Fiscal de Distrito de Filadelfia ha ido perdiendo desde la acusación federal por corrupción -y posterior declaración de culpabilidad- del ex Fiscal de Distrito (D.A) Seth Williams, actualmente en prisión a la  espera de que se le dicte sentencia federal en otoño.

La opaca Junta de Jueces de Filadelfia seleccionó a Hodge para sustituir a Williams hasta que venza el término de su mandato, a principios de enero de 2018, en parte por su experiencia anterior como fiscal en Filadelfia, así como por los destacados puestos administrativos que ocupó en el pasado y su conocimiento en el ámbito de defensa penal y derecho civil.

La Junta -compuesta por los jueces que sirven en la Corte Municipal de Asuntos Menores de Filadelfia- ha apostado claramente por frenar los esfuerzos por politizar abiertamente la oficina de la Fiscalía y devolverla a su pasado oscuro al seleccionar a Hodge entre los 14 candidatos que se presentaron para reemplazar a Williams hasta que se convoquen elecciones generales, a final de año. 

Hodge se convierte así en la primera mujer afroamericana de Pensilvania en asumir la posición de fiscal en jefe del condado, una distinción histórica, aunque también un recordatorio de la exclusión discriminatoria existente en el sistema judicial estatal y en las mentes de los votantes que eligen a sus fiscales y jueces.

Para ser exactos, en Filadelfia 39 de los 88 jueces son de raza no blanca (32 afroamericanos, 5 latinos y 2 asiáticos).

Sin embargo, las cifras de Filadelfia son muy superiores en comparación a los otros  66 condados del estado de Pensilvania. Una cifra vergonzosa para las tres cortes estatales, donde los votantes han excluido históricamente a los no-blancos… y los candidatos no-blancos altamente cualificados han recibido escaso apoyo de los partidos Demócrata o Republicano. 

En la campaña para sustituir a Seth Williams se prestó demasiada atención a las personalidades, en particular a la candidatura de la antigua (y mordaz) fiscal de distrito Lynne Abraham. En cambio, no se fijaron lo suficiente en el coste de las políticas puestas en marcha por funcionarios como el Fiscal del Distrito. 

Tomen por ejemplo a Abraham, que se ganó el apodo de “Fiscal de Distrito más mortífera de América” por su afán encarnizado de aplicar penas de muerte. Al menos 60 de las 161 personas en el corredor de la muerte de Pensilvania son de Filadelfia. Aunque Abraham no está detrás de todas estas condenas, es cierto que se excedió a la hora de aplicar la sentencia más costosa.

Las condenas de muerte en Pensilvania cuestan cerca de $3.1 millones, desde que realiza el arresto inicial hasta la última apelación, tres veces más que la condena a cadena perpetua. 

Y, contrariamente a lo que defendía Abraham y otros abogados de la pena de muerte: no hay evidencias concluyentes de que la pena capital ayude a reducir el número de asesinatos, según los repetidos informes que publica el National Resarch Council desde 1978. 

El descenso de los niveles de asesinatos en Filadelfia (siempre demasiado altos) es una prueba de esta falacia sobre la eficacia de la pena de muerte. 

Decir que se invierte más cantidades del preciado dinero público en luchar contra el crimen, en lugar de atacar las causas del crimen, cómo por ejemplo, la mala calidad de la educación y el desempleo, es otra falacia. La alcaldía de Filadelfia invierte cada año muchos más millones de dólares en la Fiscalía que en las universidades comunitarias. El dinero destinado a policías, cortes, cárceles y fiscales representa casi una tercera parte del multi-billonario presupuesto anual de la ciudad. 

Esperemos que la nueva -y temporal- Fiscal en jefe Kelley Hodge sepa cómo utilizar su posición para poner en evidencia las falacias que dañan los esfuerzos por detener el crimen.