El debate toca la esencia del papel del gobierno en el sistema financiero. Durante la crisis 2008-9, la Reserva Federal, el Tesoro y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) rescataron una variedad de instituciones financieras grandes, entre ellas la compañía de seguros AIG, Citigroup y muchos bancos y entidades de crédito. Pero el rescate provocó una reacción negativa de la población; muchos norteamericanos pensaron que se estaba protegiendo a Wall Street, pero no a Main Street (es decir, al norteamericano medio). 

Para encarar esa queja, la ley Dodd-Frank—respuesta del gobierno de Obama a la crisis financiera—creó un sistema complicado bajo el cual las instituciones financieras en apuros podían pedir préstamos temporarios del Tesoro (vía la FDIC). Eso, se decía, impediría el pánico, pues esas instituciones de lo contrario carecerían del dinero necesario para pagar a los proveedores de sus créditos. Pero al final, esas tambaleantes instituciones se disgregarían, preservando los segmentos viables o vendiéndolos a otras firmas, y cerrando el resto. 

Entre expertos bancarios, se conoce ese proceso como Autoridad de Liquidación Ordenada (OLA, por sus siglas en inglés). Parece ser una solución compleja para un problema complejo. Sin embargo, no convenció a los escépticos, que sostuvieron que, a pesar de todas sus vueltas y revueltas, OLA sería simplemente otro mecanismo para rescatar a bancos e instituciones financieras mal administrados. Una solución mejor y una defensa segura contra rescates, dijeron los escépticos, sería colocar a las instituciones financieras en colapso en quiebra legal, donde se las cerraría y reorganizaría. 

Así es que eso es lo que hizo la mayoría republicana del Comité de Servicios Financieros de la Cámara en mayo. No se obtendrían créditos del Tesoro. Las empresas en apuros pasarían directamente a la quiebra. ¿Fin del cuento? No. Una carta de 122 profesores de derecho y economía, liderada por Jeffrey N. Gordon, de la Escuela de Derecho de Columbia, y Mark J. Roe, de la Escuela de Derecho de Harvard, sostuvo que la propuesta de la Cámara es inoperable y que provocaría el pánico que la legislación intentaba evitar. 

La quiebra de una empresa importante no es la principal amenaza. El peligro mayor es “una crisis financiera que amenace la economía [e involucre] el tambaleo o la quiebra de múltiples instituciones simultáneamente”, decía la carta. La “economía norteamericana requiere una respuesta coordinada, particularmente si todo el sistema financiero sufre un pánico o falta de liquidez.” Los jueces de quiebras no pueden brindar esa respuesta. Es mejor que lo haga el Tesoro, la Reserva Federal y la FDIC. 

Anteriormente, Ben Bernanke—presidente de la Junta de la Reserva Federal durante la crisis financiera—expuso puntos similares en su blog. También negó que OLA representara un rescate, porque “el sector privado sobrelleva todas las pérdidas.” Se limpiaría, casi con seguridad, a los accionistas; los gerentes más altos perderían sus puestos. Si los préstamos del gobierno no podían pagarse, habría una evaluación financiera para que instituciones financieras más saludables llenaran la brecha. 

Este debate es enormemente importante. No debemos hacer un vaciamiento de Dodd-Frank a menos que los críticos puedan demostrar que lo que proponen es mejor. Hasta ahora no lo han hecho.