Donald Trump no está drenando la ciénaga. El presidente reveló la semana pasada su tan esperado plan de “reforma fiscal,” aunque faltaban muchos detalles cruciales (por ejemplo, los niveles impositivos), que prodigó muchos elogios. “Es un cambio revolucionario”, dijo.

Bueno, aún no.

El sistema fiscal federal—casi todos parecen estar de acuerdo—es un lío. Presenta tasas nominales relativamente altas (hasta un 39,6 por ciento sobre ingresos individuales y 35 por ciento en ingresos corporativos) cuyo impacto se ve contrarrestado por una desconcertante serie de exenciones, deducciones y preferencias fiscales o “gastos fiscales”, dependiendo del término que esté de moda.

Una reorganización fiscal verdaderamente revolucionaria eliminaría la mayoría, si no todas, las exenciones fiscales y utilizaría el aumento resultante en las rentas públicas para bajar drásticamente las tasas fiscales. Pero Trump está apoyándose en ese proceso solo parcialmente. Recurre también a la financiación del déficit para reducir las tasas fiscales. Eso reduce el beneficio económico potencial de bajar las tasas.

Diana Furchtgott-Roth, economista del Manhattan Institute, sostiene que recortar la tasa tope corporativa hasta el 20 por ciento hará que más empresas con base internacional regresen a los Estados Unidos y menos empresas norteamericanas se escapen a países extranjeros con niveles impositivos inferiores. 

Kevin Hazte, director del Consejo de Asesores Económicos de Trump, expresa algo parecido: “Particularmente [para las corporaciones], hay una sólida literatura académica que afirma que la inversión de capital responde en gran manera a la política fiscal.” Si se reducen las cargas fiscales, las empresas responderán.

Entre los economistas, esas opiniones no son unánimemente aceptadas. Lo que se acepta es la idea de que los déficits presupuestarios grandes y persistentes neutralizarán parte o la totalidad del avance logrado por las tasas fiscales más bajas. La lógica es simple: A causa de los grandes préstamos obtenidos por el Estado, las tasas de interés suben, lo que desplaza las inversiones de las empresas privadas.

Está por verse aún qué incremento de la deuda involucra el plan de Trump, porque hay muchos detalles (entre ellos la distribución de los recortes fiscales a lo largo de las clases de ingresos) no se han decidido. Pero un cálculo del Committee for a Responsible Federal Budget, que no está alineado con ningún partido, sitúa esta cifra en 2,2 billones de dólares en el curso de una década. Eso implica que se superaría la deuda agregada proyectada de 10 billones de dólares en los mismos 10 años si se siguen las políticas actuales.

Por lo tanto, eso nos lleva de vuelta a “la ciénaga”, la pintoresca metáfora de Trump para describir los cabilderos de Washington que buscan dinero federal, exenciones fiscales y regulaciones favorables. Trump sugiere que el proceso es corrupto y, a menudo, lo es. Pero, principalmente, representa la democracia en acción: son grupos que sostienen que merecen ayuda especial. Independientemente de si es corrupto o no, Trump ataca la ciénaga más de lo que intenta drenarla.

Para hacerlo, tendría que cuestionar muchas más exenciones fiscales. No faltan blancos. El presupuesto federal de 2018 da una lista de 167 exenciones fiscales; las 15 más costosas representan una pérdida aproximada de 1 billón de dólares en rentas públicas al año. Los beneficios públicos a menudo son dudosos. 

Consideremos dos grandes exenciones fiscales: la deducción del interés de la hipoteca para los propietarios de viviendas; y el trato libre de impuestos del seguro de salud pagado por el empleador. Podría sostenerse que ambos pueden causar problemas: la deducción de la hipoteca es la causa de que los norteamericanos inviertan excesivamente en las viviendas; y la exención del seguro alimenta la inflación médica.

Aún así, es difícil oponerse a las exenciones fiscales que son apoyadas por grandes electorados. En forma similar, las exenciones fiscales permiten que los políticos de ambos partidos anuncien su apoyo a varias causas económicas e ideológicas. Por lo tanto, tenemos exenciones fiscales para el costo de la universidad, de la energía eólica y solar, y de las investigaciones e invenciones corporativas. Además, algunas exenciones fiscales son beneficiosas. ¿Ahorraría la gente tanto para la jubilación si las cuentas 401(k) e IRA no estuvieran libres de impuestos?

Como nación, probablemente estaríamos en mejor situación con un sistema fiscal más simple, con tasas fiscales mucho más bajas y una base mucho más amplia. Los individuos y las empresas decidirían qué hacer con su dinero en lugar de que el gobierno los tironeara por medio de diversos sobornos, recompensas y castigos legales. Eso aliviaría la presión sobre el gobierno para que hiciera cada vez más cosas—elevando a menudo expectativas poco realistas.

En el vocabulario de Trump, la ciénaga comenzaría a reducirse. Habría menos abogados, cabilderos, contadores, economistas y publicistas fiscales. Sería positivo, pero es también improbable.

La lógica política para impedir un sistema tal es desalentadora. Ningún presidente reciente, con la excepción de Ronald Reagan, intentó hacerlo.

En realidad, la experiencia de Reagan es instructiva. Con apoyo de ambos partidos, tuvo éxito en reducir las tasas y ampliar la base fiscal con la Ley de la Reforma Fiscal de 1986. Pero el presidente Clinton deshizo la reforma cuando elevó las tasas tope al 39,6 por ciento.

El plan de Trump recibe presiones de ambos bandos. Si no elimina suficientes exenciones fiscales, la deuda crecerá más rápidamente. Pero si él—o sus aliados del Congreso—apuntan a demasiadas exenciones, corren el riesgo de perder un apoyo esencial. Eso sugiere que, a medida que la propuesta siga su camino por el Congreso, todas las presiones serán para que quede reducida. La ciénaga sobrevivirá.