Por un lado, el número de abogados no-blancos en el lucrativo sector de la abogacía de Filadelfia se ha incrementado en la última década, un logro que se merece aplausos, independientemente del hecho de que los abogados no-blancos trabajando en bufetes de la ciudad siga siendo bajo. 

Por otro lado, lo sucedido en New Jersey –un estado donde latinos y negros forman el 35 por ciento de la población– se merece unas burlas: se trata de la decisión de no incluir  provisiones específicas para asegurar la participación de empresas de no-blancos en el proyecto de renovación del histórico edificio de la Cámara de Representantes, en Trenton, valorado en $300 millones. 

Esta falta de inclusión es garantía de otro vergonzoso caso de exclusión de  empresas de no-blancos en un proyecto financiado con los impuestos de los contribuyentes. 

La encuesta sobre diversidad de abogados judiciales que realiza cada año The Legal Intelligencer, un periódico de Filadelfia que cubre la comunidad del sector legal, destaca el aumento de profesionales no-blancos en el cuerpo de abogados de la ciudad. 

Según la encuesta del Intelligencer, 12 de los 550 jurisconsultos trabajando en bufetes de abogados de juicio de Filadelfia son hispanos, lo que supone un  ligero aumento en comparación al 2016, cuando eran solo 10. A lo largo de este último año, los abogados  de origen asiático aumentaron de 6 a 7, mientras que los negros pasaron de 16 a 24.

Por otra parte, aunque el número de abogados hispanos trabajando en firmas de abogados judiciales en Philly es indiscutiblemente pequeña, un 2.2 por ciento, se trata de un salto significativo a nivel histórico, teniendo en cuenta que Pensilvania tuvo su primer abogado hispano en 1965.

Otro hecho significativo reflejado en este aumento –el doble del número de abogados judiciales no-blancos en Filadelfia desde el año 2007– ha sido el auge de abogadas no-blancas, resultado de los concienzudos esfuerzos por parte de los profesionales por mejorar la diversidad del sector en la ciudad.

Desafortunadamente, estos concienzudos esfuerzos por aumentar la participación de empresas no-blancas en proyectos financiados por el gobierno no son tan evidentes en Nueva Jersey, un estado gobernado por el grandilocuente gobernador Chris Christie, un republicano de descarado corte intolerante. 

Si las prácticas del pasado son un indicador de resultados futuros, no incluir provisiones específicas para la inclusión de empresas de no-blancos en el millonario proyecto de remodelación de la Cámara de los Representantes –como ha ocurrido bajo mandato de Christie–, solo puede llevar a más exclusión.

En la lucha por el progreso en justicia racial, la realidad es que sin esfuerzos a conciencia por mejorar la inclusión, la inercia de la exclusión termina robando a los no-blancos la igualdad de oportunidades para mejorar económicamente. 

Un funcionario del equipo de Christie, director ejecutivo en el departamento de Contratos, decidió ignorar los datos sobre las consecuencias de la carencia de  provisiones para la inclusión de empresas de minorías a la hora de formular el proyecto de renovación del edificio de la Cámara de Representantes. 

Lo hizo con el pretexto injustificado de que cómo New Jersey ha sobrepasado “de largo” sus objetivos anuales de contratación de empresas de minorías, no había necesidad de reservar espacio para dichas empresas en el proyecto.  El director declaró arrogantemente que las grandes corporaciones blancas pueden subcontratar a empresas más pequeñas propiedad de minorías “si así lo deciden”.

En 2001, el concejal Ángel Ortiz (el primer concejal latino de Filadelfia) ordenó llevar a cabo un estudio crucial sobre discriminación institucional en el sector de la construcción pública y privada en Filadelfia. La conclusión del estudio fue que el gobierno debe presionar de forma contundente a las empresas vinculadas a proyectos financiados con dinero público, o la “ilusión de la inclusión” persistirá. n