El fallo en cuestión concierne a un individuo que lleva 30 años encarcelado por un asesinato cometido en Filadelfia cuando era menor de edad. El sujeto, llamado Kempis Songster, admitió su responsabilidad sobre el crimen cometido siendo un muchacho de 15 años que se había escapado de casa y trabajaba en un antro de drogadictos. El tribunal ha decidido revisar su condena y concederle la libertad condicional en otoño.  

Songter, que consiguió sacarse un título universitario en la cárcel y alaba todos los programas dirigidos a rehabilitar a los presos, es una de las 2,500 personas encerradas en cárceles del país que cumplen condenas de cadena perpetua por crímenes que cometieron antes de cumplir los 18 años. 

EEUU es el único país del mundo que condena a menores de edad a cadena perpetua, sin posibilidad de una libertad condicional. Pensilvania tiene la triste distinción de ser el estado con el mayor número de encarcelados cumpliendo condenas de este tipo. Más de la mitad de estos menores de edad fueron condenados en Filadelfia. Y, en línea con el racismo enraizado en el sistema de justicia criminal del Estado, negros y latinos forman la mayoría de los presos juveniles de Pensilvania. 

Toda persona que cometa un crimen debe ser castigada, independientemente de su edad. Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema de EEUU en 2012 dicta que las condenas a cadena perpetua contra menores son inapropiadas, básicamente porque los adolescentes son inmaduros. En mayo de 2017, un informe de la organización Sentencing Project, en Washington DC, dictaminó que “las sentencias que cierran las puertas a la rehabilitación y segundas oportunidades son crueles y equivocadas”.

Otros defienden que conceder una segunda oportunidad a alguien que ha cometido un asesinato es repugnante.

Lo realmente repugnante es que las mismas autoridades gubernamentales que proclaman que los menores son estrictamente responsables de sus actos y deben, o deberían, tener la madurez de un adulto, también fabrican excusas para aquellos adultos que violan la ley, o se permiten justificar los actos equívocos cometidos por mayores de edad por ser fruto de su inmadurez. 

El mismo día que una corte de Filadelfia procesaba el caso de Kempis Songster, un consejero del presidente Trump de 36 años –su yerno, Jared Kushner– declaraba ante un grupo de senadores en Capitol Hill que fue su inmadurez lo que le empujó el año pasado a realizar determinadas acciones que podrían llevarle a ser imputado con cargos criminales. 

Por otro lado, el hijo mayor de Trump, Donald Jr, de 39 años, usó hace poco la excusa de la inmadurez para huir de responsabilidades por haber llevado a cabo un actividad potencialmente ilegal en 2016 : reunirse en secreto con un representante del gobierno ruso que prometió entregarle documentación que ayudaría a su padre a ganar la carrera a la Casa Blanca. 

Tres de los siete jueces de la Corte Suprema de Pensilvania que en 2013 emitieron condenas a cadena perpetua contra menores de edad inconsistentes con la letra y espíritu del fallo emitido por la Corte Suprema en 2012, se vieron más adelante implicados en el infame escándalo Pornogate de envío de  correos electrónicos con contenido sexista y racista. Las autoridades obligaron a dos de estos tres jueces a dimitir. Uno de los magistrados afectados, Michael Eakin, alegó  inicialmente que su implicación en el caso no eran más que “payasadas de vestuario entre ‘chicos’; una faceta diferente de la excusa de la inmadurez.  

En un ensayo escrito en 2008, Robert Holbrook, otro menor de edad bajo condena de Filadelfia, describió las sentencias a cadena perpetua como actos de “fea venganza” y no de justicia.