[OP-ED]: ¿Conseguirá la Justicia asomarse a la oficina del Fiscal del Distrito tras la condena de Seth Williams?
El pomposo y vicioso fiscal se declara culpable de cargos de corrupción en el octavo día de un proceso penal federal sin precedentes. Las autoridades se llevan…
Muchos, con razón, han interpretado la impresionante caída del que en su día fue una estrella política emergente llamada Seth Williams como la quintaesencia del fracaso individual.
Sí, Seth Willams consiguió llevar el término “bajos fondos” a niveles aún más profundos.
Williams robó dinero destinado al cuidado de su madre enferma para financiar un estilo de vida pomposo, por encima de lo que le permitían sus ingresos. Entre otras faltas en su conducta, Williams recurrió a las contribuciones a su campaña para financiarse cuotas de socio en establecimientos de élite y servicios de masaje.
En una ocasión, Williams condenó a cinco representantes del estado de Filadelfia por no reportar regalos en sus declaraciones de renta, cuando ni siquiera él mismo reportó el recibo de regalos, lo que le costó una multa récord de la Junta Ética de Filadelfia.
El valor total de todos los “regalos” que recibieron los diputados condenados por Williams no llegaba ni a la mitad del valor de todos los (inicialmente no declarados) regalos recibidos por Williams: $45.000 en concepto de reparación del tejado de su casa.
Sin embargo, a pesar de los vergonzosos errores cometidos particularmente por el exfiscal, realizar un enfoque miope sobre las deficiencias de Seth Williams nos llevaría a pasar por alto un componente institucional que contribuye a la mala conducta documentada en este caso: la tendencia a la auto-justicia detectada en demasiados fiscales, así como la deferencia otorgada a este cargo público incluso en algunos casos en que los fiscales han perpetrado injusticias de forma muy evidente.
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Las reformas que implementó Williams como Fiscal del Distrito no frenaron a su administración de llevar a cabo las mismas políticas persecutorias que él mismo condenó durante su campaña electoral para la dirección de la Fiscalía Distrital.
Los fiscales de Williams, por ejemplo, pretendían condenar a un adolescente a varias décadas de cárcel apoyándose en la acusación implausible lanzada por una vecina de dicho adolescente, una mujer con una reputación demostrada de realizar siempre falsas acusaciones. La vecina, una mujer ciega, sostenía que el adolescente había tratado de incendiar su casa, pero no lo consiguió al ser asustado por su perro, que le persiguió a ladridos antes de llamar él mismo (el perro) al 911 para pedir auxilio.
Los fiscales que procesaron el caso de este adolescente teniendo en cuenta la retorcida historia de un perro llamando al 911 deberían, como mínimo, haber recibido una buena tunda disciplinaria por incompetencia; pero no fue así.
¿Acudió el fiscal general Williams en ayuda de la madre del adolescente, sumida en la bancarrota a causa del dinero gastado en honorarios legales para detener las falsas acusaciones contra su hijo? ¡No! Sus bajos fondos no le permitieron ver la vía superior que conducía a corregir los errores evidentes en las pruebas presentadas contra ese muchacho.
Se supone que los tribunales deben vigilar las acciones injustas o equivocadas llevadas a cabo por los demandantes, pero rara vez ocurre.
En el año 1978, la Corte Suprema de Pensilvania atacó al entonces fiscal del Distrito Ed Rendell por haber facilitado testimonios “engañosos” con el fin de ayudar a los fiscales de su departamento a ganar una condena de asesinato. La actuación de Rendell, según la Corte, constituía un “fraude”. Sin embargo, nada le ocurrió a Rendell, más allá de esa reprensión retórica por parte de los jueces.
El actual Fiscal General en funciones de Filadelfia promete que la justicia impera ahora en las operaciones llevadas a cabo por el DA. Sin embargo, su departamento continúa bloqueando la orden emitida por un juez de Filadelfia que obliga a la oficina del DA a hacer públicos todos los documentos relacionados con la implicación del ex DA Ronald Castillo en la decisión de bloquear todas las apelaciones presentadas por el periodista Mumia Abu-Jamal, en prisión desde 1982.
Los fiscales deberían atenerse a la directiva de justicia emitida en 1889 por la Corte Suprema de Pensilvania, que prohíbe la "tergiversación de los hechos para condenar ..."
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