Los legisladores quieren proteger a los inmigrantes indocumentados que podrían perder su estatus legal temporario bajo la Acción Diferida de los Llegados en la infancia (DACA, por sus siglas en inglés) debido a disputas judiciales de 10 estados. Es probable también que ninguno de los dos le tenga confianza a Trump cuando dice que la Casa Blanca no tiene interés en deportar a estas personas jóvenes.

Esta sospecha tiene justificación. Con respecto a la inmigración, el actual presidente ha demostrado que él mismo es bastante flexible con los hechos del mismo modo que su predecesor. Barack Obama juró por todos los medios que solo deportaba a delincuentes, incluso de cara a estadísticas que demostraban lo contrario. Y, con igual desparpajo, Trump todavía le asegura a sus seguidores que va a haber “una pared grande y hermosa” a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y que México pagará, incluso cuando ninguna de estas cosas pareciera probable que suceda.

La Ley de fomento para el progreso, alivio y educación para menores extranjeros o Ley DREAM, por sus siglas en inglés, ha sido parte del debate de inmigración desde agosto de 2001. Ahí fue cuando el proyecto de ley original fue presentado en el Senado por Durbin y el senador republicano por Utah, Orrin Hatch.

Admito que la idea se ve bien en teoría. A las personas jóvenes sin documentos que fueron traídas a los Estados Unidos como menores y criados como estadounidenses se les da un camino para ganarse un estatus legal y, posiblemente, la ciudadanía de Estados Unidos si van a la universidad o cumplen con el servicio militar.

Para empezar, hablamos mucho estos días de elitismo, generalmente en el contexto de cómo el Partido Demócrata ha perdido la habilidad de hablarle al electorado formado por la clase trabajadora blanca en la zona industrial del Midwest.

Pero la Ley DREAM original fue la personificación del elitismo incluso antes de que se hablara de eso en política.

Esto me lo hicieron saber a mí hace una década cuando como latino yo apoyaba esa medida y de pronto me encontré en una discusión con una latina que se oponía. Ella trabajaba en una escuela vocacional y señaló algo que yo no había notado: Los beneficios de la Ley DREAM estaban reservados para aquellos que iban a la universidad -–generalmente una institución de cuatro años— o para los que se inscribían en el servicio militar. Ella no tenía problema con aquellos que eran recompensados por servir en las fuerzas armadas, insistiendo en que quienes esperan algo de Estados Unidos deberían estar dispuestos a dar algo a cambio. Lo que le molestaba a ella era la insistencia en ir a la universidad. ¿Qué pasa con los que van a algún instituto de formación profesional o directo a trabajar? ¿Ellos no merecen estatus legal?

Alguien en Washington jugaba nuevamente a ser Dios y decidía quién se quedaba y quién se iba según una definición limitada de comportamiento positivo.

El nuevo proyecto de ley de Graham y Durbin es una pequeña mejora porque cubre a aquellos que “trabajan legítimamente por al menos tres años”. Pero también tiene un requisito nuevo, que los destinatarios hablen inglés y sepan la historia de Estados Unidos.

Excelente idea. ¿Pero no deberíamos comenzar por exigir estas cosas de los ciudadanos estadounidenses nacidos en Estados Unidos?

Estos juicios morales son todos subjetivos y terriblemente condescendientes. Es todo lo que Graham y Durbin y los otros senadores que con el tiempo apoyarán este proyecto de ley necesitan para sentirse cómodos y pasar por alto que estos jóvenes están en el país ilegalmente.

Bienvenidos al episodio de esta semana del programa de juegos: “Buen inmigrante, mal inmigrante”.

Si Graham y Durbin quieren volverse útiles en el debate de inmigración deberían dejar de tratar a los inmigrantes como si fueran un experimento de ciencias sociales. En cambio, deberían elaborar un proyecto de ley que con el tiempo legalice a la mayoría de las 11 millones de personas que están en el país ilegalmente, ya sea que vayan o no a la universidad o que hablen o no hablen inglés. n