Es probable que este hecho genere un éxodo de los
portadores de los permisos de manejar a los tres estados donde todavía otorgan
licencias a indocumentados, Nuevo México, Washington y Utah o se trasladen a
ciudades donde el transporte público facilita desarrollar las actividades de la
vida cotidiana sin necesidad de desplazarse en un vehículo privado, como Nueva
York, Chicago, San Francisco y Washington DC.

También es posible que los carentes de permiso de
conducir se regresen a sus países de origen o simplemente se queden y conduzcan
con el riesgo de ser arrestados y eventualmente deportados.

Conozco a una chica bella e inteligente, que se
graduó de la secundaria hace cuatro años,  pero que al ser indocumentada
no pudo continuar sus estudios de educación superior.  Sin embargo,
 actualmente administra exitosamente una oficina de una empresa comercial.

Esta muchacha participó en varios concursos de
belleza locales y regularmente me  la encuentro en las actividades
públicas que se realizan a favor de una reforma migratoria integral y por la
legalización de los estudiantes indocumentados.

Sabiendo que llegó de Centroamérica siendo
adolescente y que no tiene estatus migratorio, le pregunté como hacía para
manejar en Charlotte y me respondió mostrando picardía en los ojos negros y
soltando con su dentadura blanca, una sonrisa nerviosa: "manejo con la licencia
de Dios".

Ella cuenta que nunca tuvo la oportunidad de
tramitar su permiso de conducir y que esto ocurrió con muchos de sus amigos y
conocidos.

La posibilidad de operar automóviles se ha
convertido en un nudo gordiano para los indocumentados a los que se les fueron
cerrando las puertas, estado por estado, para tener el privilegio de manejar.

La pesadilla se formalizó nacionalmente en mayo de
2005 con la aprobación de la ley federal Real ID, que se ideó contra el
terrorismo, pero que en la práctica terminó afectando a los indocumentados.

La Real ID estableció requisitos de seguridad para
la expedición de licencias de conducir e identificaciones por parte de los
estados de la Unión Americana, lo cual era totalmente comprensible tras los
ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

No obstante, a esta ley, promovida por el
representante James Sesenbrenner, que pasó en la Cámara con 368 votos a favor y
58 en contra, y que en el Senado tuvo una aprobación unánime, le agregaron
medidas migratorias, que han dejando a los "ilegales" sin licencias.

Se suponía que todos los estados cumplieran con la
Real ID en abril de 2008, pero el plazo se ha ido extendiendo hasta el actual
2011.

En Carolina del Norte el drama comenzó antes del Año
Nuevo de 2005, cuando el Departamento de Transporte estatal anunció que
cambiaba las reglas para emisión de las licencias, reduciendo los documentos
requeridos para sacar el permiso. Y en julio de 2006 la Legislatura eliminó
definitivamente el ITIN como respaldo para la expedición de la licencia.

En los tres estados donde los indocumentados todavía
pueden sacar el permiso, se estudian medidas para abrogar la posibilidad de que
obtengan el documento.

En Utah, 42,000 indocumentados conducen con
licencias especiales que se empezaron a emitir hace seis años, pero en el
Senado  estatal cursa el proyecto SB 138, que propone abrogarles ese
privilegio.

En  el estado Washington, el Senado estatal
controlado por los republicanos contempla el proyecto SB 5407 que impediría que
los indocumentados obtengan la licencia.

Por fortuna en Nuevo México, donde se han expedido
licencias a extranjeros desde 2003,  los legisladores rechazaron una
propuesta, apoyada por la gobernadora Susana Martínez, que le habría quitado la
opción de tener permisos de manejar a quienes carecen de estatus migratorio.
 

Así habrá 82,000 indocumentados menos que podrán presentar un documento
en lugar de solo atenerse a "la licencia de Dios".