La secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet
Napolitano, en días recientes reconoció una realidad fundamental, pero
políticamente arriesgada: no hay forma de sellar una frontera de 3.000
kilómetros con México, tercer socio comercial de ese país. Minutos
después de haberlo admitido, prometió que no descansará hasta que todas
las rutas usadas por los narcotraficantes sean cerradas.

A pesar de esa contradicción aparente, las palabras de Napolitano
reflejan la distinción importante que deben hacer a diario las fuerzas
policiales y judiciales: no todos los que entran al país deben ser
detenidos, mientras que los responsables de delitos violentos y
millonarios son los que tienen que ser aprehendidos y sentir el peso de
la ley.

Desafortunadamente, estos mismos oficiales sufren el lastre de la
presión equivocada por parte de activistas y legisladores, que
pretenden arreglar el inoperante sistema migratorio estadounidense un
problema relacionado, pero distinto- asignándoles la tarea absurda de
perseguir a todos los inmigrantes.

El ejemplo más reciente de ello es la ley SB 1070 de Arizona, una
norma que habilita a las fuerzas policiales para exigir pruebas de
ingreso legal a Estados Unidos a cualquier sospechoso de haberlo hecho
indebidamente.

Los criminales deben estar muy complacidos con esta ley. En vez
de perseguir infractores verdaderos, la policía es incentivada para que
acose a aquellos que parecen ser inmigrantes. En un estado donde 30 por
ciento de los residentes son hispanos, el cumplimiento de tal normativa
representará un desperdicio de tiempo descomunal.

Cualquier sensación de seguridad que generen iniciativas como la
SB 1070 es, obviamente, falsa. El verdadero trabajo de seguridad
fronteriza es la lucha contra el tráfico humano y de drogas y armas, al
igual que contra el lavado de dinero.

Por lo menos hay una representante estatal en Arizona que tiene
muy clara esa labor. Kyrsten Sinema, demócrata que votó en contra de SB
1070, asegura que legisladores más realistas han ayudado a aprobar leyes
más pertinentes en esa entidad.

Hace menos de un año la Asamblea Legislativa de Arizona aprobó
una ley, auspiciada por Sinema, que determina la ilegalidad de rentar
una casa para utilizarla en actividades ilícitas. Esto ha facilitado el
arresto y condena de individuos involucrados en tráfico humano,
violación e incluso asesinatos. Algo similar ocurrió al aprobarse una
definición legal más amplia de tráfico, para que no sólo se considere
así la transferencia directa de personas de un lugar a otro.

Napolitano favorece también ese aspecto de los esfuerzos en
seguridad. En una presentación reciente en el Centro para Estudios
Estratégicos e Internacionales de Washington,

la alta
funcionaria se notó menos interesada en cifras de
trabajadores arrestados en redadas que en avances en contra del crimen
organizado.

“El año pasado la incautación de contrabando relacionado con
carteles aumentó en forma significativa en todos los campos. Incautamos
14 por ciento más de dinero en efectivo, 29 por ciento más de armas
ilegales y 15 por ciento más de drogas ilegales que el año anterior”,
dijo. “También hemos desplegado más tecnología que nunca para detectar
traficantes y su cargamento. Ahora más aviones, más helicópteros y más
vehículos aéreos no tripulados están concentrados en la frontera”.

Autoridades estadounidenses también están requisando todos los
cargamentos ferroviarios en dirección a México para interceptar armas,
droga y dinero. Este gran cambio de la política estadounidense demuestra
la intención de combatir organizaciones criminales transnacionales que
lavan dinero, envían armas y terminan aumentando la violencia al sur de
la frontera.

Si bien leyes como la SB 1070 están totalmente desorientadas en
su esfuerzo por asegurar la frontera, sus defensores tienen razón en un
aspecto: el inoperante sistema migratorio dificulta la labor de detectar
criminales.

Casi 11 millones de inmigrantes viven en este país ilegalmente. Y
tal como lo señalan Sinema y otros defensores de los inmigrantes,
millones no solo viven en las sombras temerosos de denunciar crímenes,
sino que ofrecen escondites perfectos para aquellos involucrados en
actividades criminales.

“Hoy en día, tanto buenos como malos cruzan la frontera. Si
tuviéramos una reforma migratoria integral que le permitiera a los
buenos salir de la sombra y ponerse en fila (para legalizar su
situación), entonces todo lo que queda son los malos y resulta entonces
más fácil perseguir a los carteles y la actividad ilegal”, dijo Sinema
en una entrevista.

Por fortuna para los promotores de una reforma migratoria, el
presidente Obama no ha abandonado la causa. El 1 de julio, el mandatario
dio su primer discurso dedicado exclusivamente a ese tema e hizo un
llamado al Congreso a dejar las divisiones partidistas y “asumir su
responsabilidad de resolver este problema de una vez por todas”.

Obama aseguró que una amnistía automática a millones que han
llegado de manera ilegal sería “insensato e injusto”. Pero también es
ingenuo pretender, como dijo, que recursos limitados se dediquen “no
sólo a detener pandillas y potenciales terroristas, sino también a los
cientos de miles que intentan cruzar cada año simplemente para encontrar
trabajo”.

(Marcela Sánchez ha sido periodista en Washington desde comienzos
de los noventa y ha escrito una columna semanal hace siete años.)