Esta semana, después de que la Corte Suprema escuchara los argumentos en el caso de King contra Burwell, los jueces de la misma tienen en sus manos el destino de millones de personas. Personas como Delma Limones, 22, una estudiante universitaria de Austin, Texas, quien, a consecuencia de la Ley de seguros de salud a bajo precio (ACA), obtuvo seguro médico por primera vez en cuatro años.

Para Delma, el tener o no de seguro médico le afecta de varias maneras. Gracias a una subvención financiera como las que están siendo atacadas por este caso, ella no sólo logró obtener cobertura para sí misma, sino también para su madre enferma. "Por primera vez en cuatro años," dijo Sra. Limones, "me siento segura porque no tengo que elegir entre el pagar el alquiler, mis gastos educativos, o una visita al doctor." Su madre no corrió con la misma suerte. De haber tenido cobertura de salud en el momento en que se enfermó de cáncer, como recuenta Delma, su enfermedad podría haber sido prevenida.

Según un nuevo informe por la organización Planned Parenthood Federation of America, de las 9.3 millones de personas en peligro de perder ayuda financiera, aproximadamente un tercio (3.2 millones) pertenece a alguna minoría étnica, incluso 1.5 millones de Hispanos y 1.2 millones de afroamericanos. Adicionalmente, 495,000 individuos en otras comunidades también perderían las subvenciones así como el acceso a la cobertura a bajo costo si el Tribunal decide en favor de los demandantes. Estas cifras incluyen a más de 4 millones de mujeres — incluso 1.4 millones de mujeres de color — quienes, al igual que Delma y su madre, se han inscrito en planes de cobertura a bajo costo en 34 estados.

"Estas son las cifras actuales, pero la situación empeoraría mucho si la Corte Suprema decidiera de la manera equivocada,' dijo Cecile Richards, la presidenta del Fondo de Acción de Planned Parenthood. 'La eliminación de la promesa del seguro de salud a bajo precio tendría un impacto duradero y negativo que se hará sentir por generaciones.' El fallo equivocado afectaría negativamente a familias de bajo ingreso en los 34 estados que no tienen sus propios intercambios estatales de seguros médicos y que dependen de mercados dirigidos a nivel federal. De eliminarse estas subvenciones, los afectados ya no tendrían acceso a cuidados básicos de salud, tales como visitas de rutina a doctores, control de la natalidad a bajo precio, cuidados prenatales, pruebas de detección de cáncer, y otros cuidados preventivos.

Este escenario también pondría en cuestión la viabilidad de los mercados de seguros de salud en los 34 estados afectados, ya que eliminaría mil millones de dólares en créditos fiscales y en reducciones de costos compartidos. Además, esto podría causar estragos en la industria de seguro médico, al crear lo que en la industria se conoce como "una espiral de la muerte" en el mercado. Para algunas compañías de seguros, incluso podría conllevar a la insolvencia, ya que podría forzar a millones de personas sanas a prescindir completamente de la cobertura de seguros. 

Los opositores a la Ley de cuidado de salud a bajo precio afirman que la ley limita las subvenciones federales de seguro médico a los estados que activamente establecieron sus propios intercambios de seguros mientras que castiga aquellos que optaron por no hacerlo. Aunque estas acusaciones han sido desacreditadas por sospechas de que su motivación sea de índole política, los jueces tendrán que decidir ahora la legalidad de estas subvenciones. Su decisión, que se espera se anuncie en junio, podría significar la diferencia literal entre la vida o la muerte para aquellos Latinos y otras minorías que dependen de estas subvenciones para obtener cobertura. Según Kaiser, hay un 95 por ciento de Latinos que califican para obtener subvenciones en el mercado o Medicaid, y un cuarto de éstos vive en estados que no expandieron los beneficios del Medicaid. Eso significa que millones de personas podrían quedar sin respaldo al obtener seguro médico, el mismísimo problema que la Ley de seguros intentaba solucionar.

Los defensores cívicos esperan que el tribunal más alto de la nación concuerde con el setenta y un por ciento de votantes quienes, según un nuevo informe de la Unión Internacional de los Empleados de Servicio (SEIU, por sus siglas en inglés), quieren que la Corte Suprema decida a favor de continuar estos beneficios financieros tan necesarios. "Esperamos que la Corte Suprema sostenga la ley en este caso y mantenga esta cobertura gracias a la que millones de personas obtienen asistencia médica preventiva," concluye la Sra. Richards. Mientras tanto, millones de personas estarán esperando con ansias por esta decisión. Ojalá que su espera no sea en vano.