Ahora que ha dejado de usar el término "inmigrante ilegal", The Associated Press debe admitir su error en su libro de estilo e imprimir una corrección.

El cambio no se hace en nombre del periodismo, sino en el de la corrección política. No debería mezclarse ambas cosas.

Hasta la explicación oficial de la Editora Ejecutiva de la AP, Kathleen Carroll, es incomprensible. En un blog, Carroll escribió:

"El Libro de Estilo ya no aprueba el término 'inmigrante ilegal' ni el uso de 'ilegal' para describir a una persona. En cambio, expresa a los usuarios que 'ilegal' debe describir sólo un acto, como el de vivir o inmigrar a un país ilegalmente."

Si se están rascando la cabeza en este momento, no están solos. La explicación de Carroll es sumamente enrevesada. Mezcla -en un gran guiso retórico- sustantivos, adjetivos y adverbios. ¿Se puede decir que alguien entró en el país ilegalmente, pero no se lo puede llamar inmigrante ilegal? No tiene sentido.

Hace sólo unos meses, la AP ocupaba el bando opuesto. Cuando activistas la presionaron para que dejara de usar lo que llamaron "palabra-I", la agencia de noticias mostró su fibra y se negó.

Eso es lo que se supone que deben hacer los periodistas. Nuestra tarea no es desempeñar el papel de los abogados defensores, que quieren atenuar los delitos que se les imputan a sus clientes. Ése es el objetivo real de esta campaña -convencer lentamente a los estadounidenses de que las que se estima que son 11 millones de personas, que están en Estados Unidos sin documentación apropiada, no hicieron nada malo, no tienen nada de que disculparse ni daño que reparar, y que se las debe dejar en paz.

Por supuesto, los activistas no quieren que el Congreso deje a los indocumentados en paz. Quieren que los legisladores les concedan categoría legal, con la condición de que los inmigrantes ilegales hagan todo lo necesario para rectificar un mal que, afirman los activistas, nunca cometieron.

Bienvenidos al País de las Maravillas. Yo seré su guía. No hay semana en que no me llegue un mensaje electrónico de alguien que me insta a dejar de utilizar la "palabra-I".

Bueno, eso no sucederá.

En primer lugar, no soy un recién llegado a la causa mayor. Como columnista latino que ha defendido a los inmigrantes ilegales, cuando tanto republicanos como demócratas intentaron convertirlos en chivos emisarios durante más de 20 años, no siento la necesidad de probar nada a nadie.

Además, todo este debate sobre la "palabra-I" es una distracción del asunto que realmente importa. Echa una luz favorable a la hipocresía de los liberales, que son duros con las palabras pero blandos con un gobierno que ha sido como una plaga para los inmigrantes latinos de Estados Unidos.

He aquí noticias recientes que quizás se les hayan escapado a los activistas, mientras emprendían su cruzada contra la "palabra-I".

• Citando restricciones presupuestarias, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dejó en libertad a 2.228 individuos encarcelados, que fueron caracterizados por el secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, como "detenidos de bajo riesgo, no-delincuentes." Son precisamente el tipo de personas que, según palabras del presidente Obama y de la secretaria de Seguridad del Territorio, Janet Napolitano, no serían detenidas, pero lo fueron.

• Los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en la oficina de Buffalo, Nueva York, han sido recompensados, en años recientes, con bonificaciones en efectivo y tarjetas de regalos como parte de un sistema de cuotas. Según un informe de la Clínica de Derechos del Inmigrante de la Escuela de Derecho de New York University, el programa -cuyo presupuesto anual había sido aumentado a casi 200.000 dólares en 2011- es parte de prácticas para "maximizar las tasas de arrestos" en la agencia. El resultado: la práctica de perfiles étnicos de los hispanos.

• La Unión Norteamericana de Libertades Civiles de Carolina del Norte obtuvo mensajes electrónicos que indican que funcionarios de ICE han creado estrategias -es decir, vigilancia de puntos de control para la seguridad en el tránsito- para elevar las cifras de deportación. En cada año del gobierno de Obama, unos 400.000 inmigrantes ilegales han sido deportados. A pesar de las aseveraciones del gobierno indicando que sólo se expulsó a delincuentes serios, los mensajes electrónicos muestran que también se tomó como blanco a inmigrantes condenados de delitos menores o sin haber cometido delito alguno. El resultado: más prácticas de perfiles étnicos.

Para fines de 2013, los funcionarios de inmigración habrán reunido y deportado la asombrosa cifra de 2 millones de inmigrantes ilegales. Entre ellos hay mucha gente que el gobierno dijo que no deportaría. Estamos hablando de cientos de miles de hogares rotos, familias divididas y niños criados sin sus padres.

Sobre todo esto, muchos activistas que luchan contra la "palabra-I" no han dicho nada o casi nada. Aún así, si todos estos daños hubieran sido cometidos por un gobierno republicano, pueden apostar que hubieran dicho muchas cosas.

¿Qué tal si llegamos a un acuerdo? Que el gobierno de Obama traiga de vuelta a todos los que deportó por las buenas o por las malas. Y, cuando esa gente vuelva al país, pueden llamarla como quieran.