Recordemos
que Ruiz, ciudadana estadounidense, estaba volviendo a su casa en Nueva York,
de Guatemala, con su abuelo, quien fue detenido por agentes de Aduanas y
Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, siglas en inglés) debido a una
infracción de veinte años atrás en su visa de trabajo temporaria.

            El
padre de Emily, Leonel Ruiz, que ha vivido en Estados Unidos ilegalmente desde
1996, expresó que no se le dio la oportunidad de ir a recoger a su hija. CBP
continúa disputando esta versión, diciendo que el padre decidió no recoger a su
hija personalmente y escogió, libremente, que su hija volviera a Guatemala con
su abuelo.

            La
historia de Emily no fue una historia feliz pero, al menos, tuvo un final
tolerable: Emily voló de vuelta a casa de su familia en Guatemala con su
abuelo, pero en tres semanas se reencontró con sus padres en Long Island.
Lamentablemente, éste es un camino de rosas comparado con lo que le sucede a
otra gente.

            Una
vez que las familias se encuentran en el sistema migratorio, a menudo se ven
separadas y enfrentan severos impedimentos para saber dónde están los otros.
Hay padres que a veces pasan años luchando con pocos recursos para recuperar la
tenencia de sus hijos.

            En
un artículo a ser publicado en la Connecticut Law Review este otoño, la autora,
Nina Rabin, directora de investigaciones fronterizas en el Institute for
Research on Women de la Universidad de Arizona, relata lo que ella describe
como las "tragedias silenciosas, en cámara lenta (que) se desarrollan todos los
días en los centros de detención de inmigración de todo el país".

            Durante
entrevistas con detenidos, jueces, abogados y trabajadores sociales del sistema
de bienestar infantil, que es parte del sistema judicial de menores, en el
Condado de Pima, Arizona, Rabin y su personal encontraron desgarradores
ejemplos de las terribles situaciones que enfrentan las familias en los
sistemas de detención y deportación, que no están equipados para procesar a
familias con categorías mixtas.

            Con
aproximadamente 5,5 millones de niños en Estados Unidos que viven por lo menos
con un progenitor que es un inmigrante ilegal —4,5 millones de estos niños son
ciudadanos estadounidenses— los problemas van mucho más allá de Arizona y están
resumidos en la conclusión de Rabin de que no hay normas ni mecanismos formales
implementados para guiar un trato humanitario de padres e hijos en los
procedimientos de detención y deportación.

            El
personal de bienestar infantil expresa que los padres constantemente
"desaparecen", porque es muy difícil seguir su pista una vez que son
aprehendidos por la Policía de Inmigración (ICE, siglas en inglés). Por temor,
los inmigrantes detenidos a menudo son renuentes a proveer de información para
permitir que coloquen a un niño con otro miembro de la familia, por lo que es
más probable que los niños terminen en el sistema de casa adoptivas temporales
que con parientes. Y los padres que pueden permanecer bajo el radar en
detención están en peor situación que los padres encarcelados, porque carecen
de los servicios para la familia con los que, generalmente, cuentan las
cárceles y prisiones.

            A
los inmigrantes ilegales sin antecedentes penales —vivir en Estados Unidos sin autorización
es una infracción civil— a menudo se los percibe y se los trata como a
delincuentes. Así es que, aún cuando los padres detenidos escogen pelear contra
la deportación, lo que significa meses o años en detención, es probable que el
personal del sistema de bienestar infantil "descarte" a esos padres y suponga
que no podrán recuperar la custodia de sus hijos.

            Los
sistemas de bienestar infantil, que no están habituados a las necesidades de
las familias apresadas en este proceso, a menudo no pueden enfrentar los largos
e impredecibles calendarios de audiencias de inmigración, que impiden que los
padres cumplan los planes de reencuentro. Estos casos no pueden ajustarse a los
detallados calendarios establecidos por la ley, que deben cumplirse una vez que
un menor está bajo la custodia del estado. Además, poco personal procura la
asistencia de las oficinas consulares para ayudar a los niños identificando,
evaluando y comunicándose con miembros de la familia en el país de origen de
los padres.

            Las
reformas sugeridas por Rabin, condensadas en un informe dado a conocer
recientemente titulado "Padres que desaparecen: un informe sobre la imposición
de la ley de inmigración y el sistema de bienestar infantil", insta a la
colaboración entre los organismos de inmigración y los organismos para el
bienestar del menor, una mayor discreción querellante para las familias, apoyo
coordinado para padres e hijos que están tratando de reencontrarse y programas
dedicados a educar a los inmigrantes detenidos sobre cómo defender sus derechos
como padres.

            Obviamente,
no toda familia puede llegar a los titulares y obtener la magnífica asistencia
legal gratuita que ayudó a los Ruiz a reunirse. Pero todas las familias merecen
un trato respetuoso y humano en toda su interacción con los organismos de
inmigración, especialmente cuando se separan a los niños de sus guardianes.

            Con
una reforma migratoria integral fuera del alcance en un futuro inmediato,
mejorar la manera en que se trata a las familias en el sistema actual debe ser
un imperativo inmediato.

© 2011, The Washington Post
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