Esto
es aún más cruel: Utilizar juegos de prestidigitación burocráticos para engañar
y crear falsas esperanzas para los "Dreamers". Éstos últimos son inmigrantes
ilegales de edad universitaria quienes —si la Ley DREAM no hubiera sido
rechazada por cinco demócratas del Senado— podrían haber tenido la oportunidad
de obtener categoría legal, si asisten a la universidad o son miembros a las
Fuerzas Armadas.

            Esto
es más cínico: Tomarse todo es trabajo con el exclusivo propósito de distender,
durante la campaña para la reelección, las críticas de los defensores de los
inmigrantes.

            Parece
ser que eso es lo que ocurrió cuando John Morton, director de la Policía de
Inmigración y Aduanas (ICE, siglas en inglés) emitió recientemente un memorando
de seis páginas sobre la "discrecionalidad para encausar", que parecía sortear
al Congreso y ofrecer a los Dreamers y otros una exención especial para evitar
que los deportaran. Algunos medios en línea mordieron la carnada y reportaron
que el gobierno había abierto el camino para las disposiciones de la Ley DREAM
mediante una "orden ejecutiva".

            No
es cierto. Sólo el presidente puede emitir una orden ejecutiva, que tenga
fuerza de ley. Esto sólo fue un memorando del director de un organismo
gubernamental.

            El
memorando del 17 de junio informa: "Cuando se sopesa si un inmigrante
específico merita el ejercicio de la discrecionalidad para encausar, los
funcionarios, agentes y abogados de ICE deben considerar todos los factores
relevantes".

            Entre
ellos: "las circunstancias de la llegada de la persona a los Estados Unidos y
la manera de su ingreso, particularmente si el inmigrante vino a los Estados
Unidos siendo un niño pequeño ... la búsqueda de educación de dicha persona en
los Estados Unidos, con consideración particular otorgada a los que se han
graduado en una escuela secundaria de Estados Unidos o los que han perseguido
con éxito, o están persiguiendo, un título universitario o avanzado en una
institución de educación terciaria legítima de Estados Unidos ..si la persona,
o el pariente inmediato de la persona, ha sido miembro de las Fuerzas Armadas
de los Estados Unidos, de los reservistas, o la guardia nacional, dando
especial consideración a los que sirvieron en combate, etc."

            El
texto sobre la universidad y las Fuerzas Armadas llevó a algunos —en la derecha
y la izquierda—a pensar que éste era un intento de introducir la Ley DREAM por
la puerta trasera.

            En
la izquierda, una vez que se filtró el memorando (¡uuy!) a los defensores de
los inmigrantes, los seguidores de Obama se apresuraron a declarar que su
hombre había cumplido su promesa. Los pobres son como un individuo perdido en
el desierto, tratando de alcanzar una bebida fresca que no está allí.

            En
la derecha, Kris Kobach, el secretario de estado de Kansas y un conocido
restriccionista de la inmigración, también saltó a conclusiones equivocadas
sobre el memo.

            "Están
presionando a los agentes (de inmigración) a ser aún más indulgentes, a ir más
allá aún para no imponer la ley", expresó Kobach. "En un momento en que
millones de estadounidenses están desempleados y buscando trabajo, éstas son
más malas noticias del gobierno de Obama".

            Kobach
ha tenido trabajo abundante. Antes de salir electo, ganó —según el Center for
American Progress—millones de dólares ayudando a ciudades y estados a redactar
leyes migratorias al estilo de la de Arizona. Ya saben, el tipo de medidas que
los tribunales generalmente han eliminado por ser inconstitucionales.

            Pero
¿cuánta "presión" ha habido aquí? El memorando no prohíbe ni requiere nada. De
hecho, termina con un descargo de responsabilidad declarando, "nada en este
memorando debe ser interpretado como una prohibición de la aprehensión,
detención, o remoción de un inmigrante ilegal en los Estados Unidos ni como una
limitación de la autoridad legal de ICE o cualquiera de su personal para
imponer la ley migratoria federal". La discrecionalidad descansa aún en agentes
y fiscales en el terreno de trabajo, que pueden actuar como les plazca.

            Y
lo que han estado haciendo estos vaqueros es mantener en funcionamiento una
máquina de deportación que expulsa unas 1.000 personas por día. A juzgar por
estadísticas del Departamento de Seguridad del Territorio, este gobierno rinde
más de lo esperado. En 2009, expulsó 389.834 inmigrantes ilegales; en 2010,
392.862. El objetivo para 2011 es 404.000.

            Así
es como el gobierno llegará al millón este verano. Pero no esperen que el
presidente Obama mencione estos hitos cuando dirija la palabra al Consejo
Nacional de la Raza, el grupo de defensa de los intereses latinos, en su
conferencia anual de julio. Ése es un discurso para otro público.

            Mi
problema con este memorando es que no va lo suficientemente lejos. Es que no va
a ningún lado —excepto en círculos. 

© 2011, The Washington Post
Writers Group