PROMESA. Hasta las iniciales del proyecto de ley de la Cámara de Representantes dirigido a resolver el problema de la deuda de Puerto Rico, parecen una burla del Congreso a los 3,5 millones de ciudadanos americanos que habitan la isla.
Lo que el “Puerto Rico Oversight, Management and Economic Security Act” promete en realidad es únicamente más humillación y mayores privaciones para el sufrido pueblo puertorriqueño.
No es sorprendente. Después de todo, rara vez un poder imperial ha tratado a una colonia con respeto, para no hablar de justicia. Llámenla como más les guste — ‘commonwealth’, estado libre asociado o cualquier otro eufemismo que se les ocurra— pero una colonia, la nombren como la nombren, sigue siendo una colonia. Y en este caso, Puerto Rico es la colonia más antigua del mundo.
 Aunque la lógica indica que si Puerto Rico es una posesión de EE.UU. su deuda de $72,000 millones debe pertenecerle al amo, Washington no tiene la menor intención de actuar en consecuencia.
La crisis de Puerto Rico ha dejado todavía más en claro que, mientras la isla sea una colonia, Washington no tomará ninguna acción para proteger los intereses de los puertorriqueños, aunque estos sean ciudadanos de Estados Unidos desde 1917.
La legislación sitúa a la isla bajo el control de una junta de control financiero nombrada por el gobierno federal cuya función primordial no será ayudar a Puerto Rico, sino servir como una agencia de cobros para los fondos buitres.
Los siete miembros de la autoridad que se creará serán designados por el presidente de EE.UU. Ninguno tendrá que rendirle cuentas al gobierno de Puerto Rico.
“La Junta Fiscal, con poderes tan extraordinarios, no hace otra cosa que recrear,  en el teatro económico, la invasión del 1898... Son millones de personas flotando en el mar sin tener a quién acudir ni quién defienda sus intereses como pueblo”, afirmó la escritora y editora Marilyn Pérez-Cotto, residente en San  Juan. “Esto mismo pasó en la Guerra Hispanoamericana”.
Como alguien comentara en Facebook, “La Autoridad PROMESA será gobernador, banquero, juez, jurado y prestamista. Manejará toda la economía puertorriqueña y no tendrá que dar cuentas a nadie en la isla. Le dirá al gobierno de Puerto Rico cuándo saltar y cuán alto.
Contraerá deudas, gastará dinero de cualquier manera que crea conveniente, y les pasará la cuenta a los puertorriqueños para que sean ellos quienes la paguen”.
Los puertorriqueños no pueden —ni deben— pagar esa cuenta.
Casi increíblemente PROMESA rebajará el salario mínimo de $7.25 a $4.25 la hora. La reducción se aplica a todos los trabajadores jóvenes entre los 20 y los 24 años cada vez que comiencen un nuevo empleo.
“Alguien necesita explicarle al Comité de Recursos Naturales de la Cámara que eso no es ‘desarrollo económico’”, ha dicho Nelson Denis, autor del libro War Against All Puerto Ricans.
“Es esclavitud y huele a racismo”.
 “¿La solución? La independencia siempre ha sido la única solución”, afirmó Pérez-Cotto.
Más claro ni el agua.