No acababa de terminar el discurso del presidente Barack Obama para confirmar su compromiso de sacar adelante una reforma migratoria integral, cuando de diversos puntos del país surgieron voces de inconformidad, porque ni el planteamiento del mandatario, ni tampoco el de los ocho senadores demócratas y republicanos que habían expuesto los principios básicos para tramitar el proyecto en el Capitolio, colocaron como primera prioridad la unidad de las familias.

Las voces se hicieron sentir en Chicago,  en San Diego, en Los Ángeles, en Washington y donde yo vivo, Carolina del Norte.

El argumento es que de los llamados deportados "criminales", 19 por ciento por infracciones de inmigración y 18 por ciento por infracciones de tráfico de vehículos, y el desangre de indocumentados no criminales continúa.

La Coalición Dream Action, que refleja  el pensamiento de un sector de los jóvenes soñadores, dijo estar de acuerdo con el presidente con que "inmigración no se trata de política, sino de la gente" y por eso reclamó que la primera prioridad (top) sea la unidad familiar.

Eliseo Medina, del Sindicato de Empelados y Servicios (SEIU), se pronunció porque el gobierno revise la política de deportaciones.

 En Charlotte, la Coalición Latinoamericana expresó su preocupación, diciendo que "la reforma migratoria se trata de mantener a las familias unidas" y agregó que la  administración del presidente Obama ha separado más familias que ninguna otra.

Precisamente en Charlotte, un grupo denominado Familias Unidas, auspiciado por la Coalición Latinoamericana y la organización Action NC, que está conformado por hogares que tienen miembros en proceso de deportación están pidiendo en estos días que no se deporte del país a un padre mexicano. El me envió una comunicación que me permito transcribir:

''Mi nombre es Humberto Hernández Ramírez, tengo 27 años de edad y 11 años de vivir en Estados Unidos, y tengo 2 hijos ciudadanos americanos el mayor de 11años, y mi hijo menor tiene 5 años de edad. Estoy en proceso de deportación por una infracción de tráfico menor, me arrestaron el día 21 de marzo del 2012 en Carolina del Sur, y salí en libertad 5 días después de mi arresto. Cuando el oficial de inmigración que me tenía en custodia revisó mi record criminal, y al ver que yo no tenía ningún antecedente, me liberó sin ninguna fianza, y desde marzo del 2012 enfrento un proceso de deportación y estoy aun paso de ser arrancado del lado de mi familia, y de ver a mis hijos crecer y disfrutar de su compañía. No soy un criminal, cada año hago mi declaración de impuestos como todo buen ciudadano, y considero que soy una persona con buen carácter moral. Formo parte del PTA de la escuela elemental a la que asisten mis hijos, me apasiona ayudar a la escuela y a ser voluntario en el salón de clases de mis hijos. Soy miembro de la Iglesia Católica, de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, y considero que no soy una prioridad para inmigración, y mis hijos y mi esposa me necesitan a su lado. Desde marzo del año  pasado mi familia ha estado viviendo una pesadilla, mi hijo mayor asiste a terapia sicológica, cada 2 semanas, para que lo ayuden a superar, este doloroso proceso, por el cual enfrenta mi familia, ha sido muy duro para todos, pero en especial para mi hijo mayor, que ha desarrollado un tipo de ansiedad sicológica, por la incertidumbre, de no saber que va a pasar con su familia".

En su misiva, Humberto pide que la comunidad hispana lo apoye porque el 14 de febrero tendrá que presentarse en la corte de inmigración. Humberto es un claro ejemplo, de carne y hueso, del pedido de las familias que reclaman un pare a las deportaciones.

No obstante, cuando se habla de exigencias, como la moratoria a las expulsiones, siempre recuerdo las palabras de una amiga de la Costa Oeste del país que ha estado esperando la reforma migratoria desde hace años para solucionar su problema de estatus: "Ojalá, los activistas sean moderados en su pedidos, porque si piden y se quejan mucho me temo que terminen no dándonos nada".