El tate quieto que le puso el juez federal de distrito, Richard Gergel, a la ley anti inmigrante SB20 de Carolina del Sur era algo que se veía venir desde el lunes 19 de diciembre, cuando escuchó los argumentos de las partes en el recinto de su corte en Charleston. 

Lo digo porque estuve un rato en la audiencia y vi a Gergel interrogando al abogado André Segura, del Proyecto para los Derechos de los Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Gergel anotó ese día, antes de anunciar su decisión de bloquear los aspectos más severos de la ley, las complicaciones que la normativa traería para el estado al dar facultad a los agentes de la ley locales y estatales de preguntar por el estatus migratorio de los sospechosos de ser indocumentados, al obligar a la gente a portar papeles para probar su estatus y al castigar quienes alberguen o le den un "aventón" a un peregrino en necesidad.

Cuando Gergel hizo públicamente la observación de que hasta un ciclista que va a una tienda podría resultar perjudicado, supe que los abogados de la gobernadora Nikki Haley no tenían chance.

La parada que le dio Gergel a la draconiana legislación, que habría entrado en vigor el 1 de enero de 2012, marcó la constante de 2011, que las cinco leyes estatales antiinmigrantes aprobadas durante el año fueron frenadas en las cortes.

Eso ocurrió también con las iniciativas aprobadas por las legislaturas y los gobernadores de Alabama, Georgia, Indiana y Utah.

Eso también pasó con la madre de todas las leyes, la SB 1070 de Arizona, que se sancionó en 2010 y que finalmente terminará siendo decidida en la Corte Suprema de Justicia.

Lo malo es el ambiente de terror que han creado estas normativas contra la población más inerme del país, que son los indocumentados.

Muchos han salido despavoridos de Arizona, Alabama y Georgia, asustados por los maltratos de que han sido víctimas, al no poder siquiera pagar sus cuentas de energía y otros servicios básicos.

Otros han experimentado los abusos rampantes de funcionarios oficiales, como del alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, a quien en su custodia se le murió el veterano de guerra hispano, Marty Atencio.

Atencio fue objeto de descargas eléctricas y acciones de fuerza bruta que fueron grabadas en video.

Entre tanto, la economía de Arizona se fue al garete, los tomates de Alabama se han podrido y la recolección de otros cultivos de Georgia y Carolina del Sur, también han resultado afectados, ante la ausencia de la mano de obra indocumentada.

En Carolina del Sur, los abusos igualmente han estado a la orden del día. En la iglesia Metodista Unida Midland Park de North Charleston una mujer me contó las vicisitudes de un familiar inmediato, al que también le aplicaron descargas eléctricas en la localidad de Richland, tras un arresto que ella alega como claro ejemplo de perfil racial injusto.

Es por eso que luciendo cintas anaranjadas, la comunidad de fe y las organizaciones de derechos civiles se lanzaron a las calles y los templos de Carolina del Sur para rechazar con oraciones, la ley estatal anti inmigrante SB20.

Bajo la preciosa cúpula del Capitolio Estatal en Columbia, donde ondean las banderas estadounidense y la azul con la media luna y la palma de Carolina del Sur, la gente se congregó para escuchar a religiosos que evocaron pasajes de La Biblia, para recordar que Jesús fue un migrante perseguido, que fue llevado a Egipto a escondidas por María y José como un refugiado.

Frente a la bandera confederada, que aún permanece en los predios de la legislatura estatal surcarolina, dirigentes afroamericanos hicieron un paralelo de su lucha contra la discriminación y por los derechos civiles en la década de los sesenta, con la situación que afrontan ahora los inmigrantes hispanos.

"Quizás todos venimos en diferentes embarcaciones, pero ahora todos estamos en el mismo barco", decía una frase de Martin Luther King Jr, registrada en una pancarta, que los activistas portaron cuando marcharon por las céntricas calles de Columbia.