El escandaloso incidente empezó con la típica violación de una ley de Filadelfia que prohíbe cualquier muestra de prejuicio en un establecimiento público. El aparente perpetrador de esa violación fue el gerente de un Starbucks que llamó a la policía para que se llevara a dos hombres negros dos minutos después de que entrasen en la cafetería.

La ley de Buenas Prácticas de Filadelfia enfatiza muy claramente que la discriminación en establecimientos públicos provoca situaciones “embarazosas” y es perjudicial para el crecimiento económico de la ciudad.

Los dos hombres negros que fueron víctimas de ese arresto discriminatorio han llegado a un acuerdo con la Alcaldía. Cada uno ha exigido cortésmente un dólar para cada uno, además de un compromiso por parte del gobierno de la Ciudad de que se destinarán  200.000 dólares para la creación un programa de ayuda a jóvenes emprendedores.

Los elogios a estas dos víctimas del racismo por su idea de querer establecer un programa de este tipo, sin embargo, nos recuerdan que estos 200.000 dólares serán pagados no por el gobierno de la ciudad, sino por la “ciudad” en sí - es decir, por todos los ciudadanos que pagan sus impuestos.

Desgraciadamente, esos 200.000 dólares no saldrán directamente del presupuesto del Departamento de Policía de Filadelfia (PPD), cuyos miembros no supieron apaciguar los prejuicios del gerente del Starbucks.

Tampoco ninguno de los agentes de policía que participaron en el vergonzoso arresto sufrirán deducciones de sus salarios o pensiones para compensar a los contribuyentes por el gasto de 200.002 dólares devengado por haber rechazado escuchar a las personas que en ese momento estaban en la cafetería y vieron que los dos hombres detenidos no habían hecho nada malo.

¿Deberían los contribuyentes exigir que el presupuesto del PPD asumiera parte del coste financiero por ese acuerdo?

¡Por supuesto que sí!

Es responsabilidad suya, por su aparente fracaso a la hora de tener miembros clasificados para tratar un problema tan grave como el sucedido en el Starbucks cercano a Rittenhouse Square.

Según datos recientes del PPD –basados en registros de llamadas al 911– en el año 2017 la policía respondió a unas dos docenas de llamadas de emergencia de personal de Starbucks relacionadas por casos que el PPD define como “descontrol de muchedumbre”.

Estas 28 llamadas por “muchedumbres descontroladas” suponen un alarmante auge con respecto al año anterior, cuando la policía recibió sólo dos llamadas al 911 por esta causa procedentes de ese Starbucks en concreto. Durante los primeros cuatro meses de 2018, tuvieron lugar otras cinco llamadas al 911 relacionadas con supuestos disturbios en ese establecimiento.

El PPD no ha desvelado qué acciones específicas tomó la policía para tratar este aumento disparado de las llamadas por descontrol de multitud al 911.

Las llamadas coinciden con la llegada del gerente blanco que el pasado abril llamó a los policías para alertar de la presencia de los dos hombres negros.

Durante todo este tiempo, la Policía tenía el deber con la seguridad pública de intentar resolver el (supuesto) problema de descontrol de muchedumbres que se originaban en ese Starbucks.

La Policía tenía el deber de determinar si realmente existía un problema de muchedumbre descontrolada o más bien se debía a la actitud discriminatoria del gerente. Si se trataba de esto último, entonces lo apropiado era presentar cargos por el delito de proporcionar información falsa.

Cuando se trata de prejuicios, el mayor costo es que su precio sigue aumentando, ya que todavía hay demasiadas instituciones y personas que se resisten a llevar  cabo los ataques directos para acabar con esta plaga.