Washington, DC—En momentos en que toda una industria tiembla por la previsible defunción del papel periódico, hay algo enternecedoramente pasado de moda en el empeño de la Presidenta Cristina Kirchner por quedarse con Papel Prensa, el fabricante argentino. O más bien sería cautivante si los actos de su gobierno para apoderarse de la empresa no amenazasen la libertad de prensa. 

Los propietarios privados de Papel Prensa –"Clarín" y "La Nación", los principales diarios– son acusados por el gobierno de adquirir "Papel Prensa" ilegalmente con ayuda de la dictadura militar en los 70´. El gobierno alega que los antiguos accionistas de Papel Prensa, a los que el régimen secuestró, fueron obligados venderles la compañía.

La Presidenta, acompañada por su esposo, el ex Presidente Néstor Kirchner que es el poder detrás del trono, acusó recientemente a "Clarín" y "La Nación" de complicidad en crímenes de lesa humanidad. Se anunció acciones judiciales y parlamentarias. 

Es el último capítulo de una larga campaña que incluye la limitación de la propiedad de emisoras de radio y TV, la revocación de la licencia de Fibertel, perteneciente a "Clarín", para prestar servicios de Internet, y la ruptura del contrato entre la asociación de fútbol y una compañía de TV por cable por los derechos de transmisión.

A "Clarín" y "La Nación" se les puede reprochar haber estado demasiado cerca de algunos gobiernos en el pasado, una relación que quizá fue útil para Papel Prensa ya que el Estado posee un asiento en el consejo de administración: un tipo de mercantilismo frecuente en América Latina. Pero no hay una pizca de verdad en la acusación de que la propiedad de Papel Prensa sea ilegal. Ni tampoco es cierto que el proveedor de papel periódio sea un verdadero monopolio, como alega el gobierno de los Kirchner. 

La compañía fue originalmente establecida durante una dictadura en la década de 1960. Con el advenimiento del tercer gobierno de Juan Perón, los paniaguados del régimen que la controlaban vendieron las acciones al grupo financiero de David Graiver y familia a comienzos de los años 70. Las acciones fueron puestas bajo tres nombres: una empresa perteneciente al grupo Graiver, un testaferro del jefe de esa misma familia y el propio David Graiver, cuya suscripción personal era pequeña. 

En 1976, tras instalarse una nueva dictadura militar, los propietarios originales maquinaron recuperar la empresa. Pero la muerte de David Graiver ese mismo año llevó a sus herederos, cargados con grandes deudas, a venderla a un consorcio formado por "Clarín", "La Nación" y "La Razón". La mayor parte de las acciones fue transferida a los actuales propietarios, mientras que la pequeña porción sujeta a la sucesión se mantuvo en un limbo legal porque el juez no se pronunció. 

Cinco meses más tarde, la junta militar expropió más tarde los activos de los Graiver, confiscando las acciones minoritarias de la herencia y otorgándole al gobierno la participación que todavía conserva en "Papel Prensa". Los Graiver fueron secuestrados y enviados a centros de detención, donde fueron torturados. Se los acusó de complicidad con los Montoneros, una rama terrorista de extrema izquierda del movimiento peronista, parte de cuyos fondos, obtenidos a partir de rescates, había estado bajo la custodia de David Graiver. 

Con el retorno de la democracia en los 80´, los Graiver fueron parte de los complejos juicios sobre los abusos de la era militar. No obstante las estrechas relaciones de David Graiver con los Montoneros, la familia fue indemnizada por el Estado por las violaciones sufridas. Ni una sola vez afirmaron haber sido presionados para vender Papel Prensa a los actuales propietarios ni acusaron a "Clarín" y "La Nación" de complicidad en su destino. 

La viuda de David Graiver, Lidia Papaleo, es aliada de los Kirchner, pero el hermano del difunto, Isidoro Graiver, quien negoció el acuerdo, nos recuerda que "la venta se efectuó en noviembre de 1976 y la familia fue secuestrada en marzo y abril de 1977: la venta y nuestro secuestro son dos eventos no relacionados". De hecho, después de que Papel Prensa fue adquirida por "Clarín" y "La Nación", los nuevos propietarios tuvieron un entredicho con la Junta por los intentos de esta última de entrometerse. 

Papel Prensa no es un monopolio. Existe la libre importación de papel periódico en la Argentina, por lo que los diarios tienen opciones alternativas —de las que se valen a menudo. La reducción del precio que la empresa ofrece a cambio de grandes volúmenes está abierta a cualquier cliente y fue aprobada por el gobierno. 

Pero los Kirchner saben que si se apoderan de Papel Prensa van a obtener el monopolio del papel periódico ya que son ellos quienes establecen los aranceles de importación. Podrían hacer que todos los medios impresos dependan del papel prensa del Estado. 

Con elecciones presidenciales el próximo año y los Kirchner buscando un tercer mandato consecutivo, la sola idea es espeluznante.

Alvaro Vargas Llosa es académico senior en el Independent Institute y editor de "Lessons from the Poor". Su dirección electrónica es AVLlosa@independent.org.

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