No, la acción ejecutiva de Obama sobre la inmigración no ha sido declarada como inconstitucional. El mandato judicial emitido el 17 de febrero por el Juez distrital de EE.UU., Andrew Hanen de Brownsville, Texas (como parte de una demanda entablada por 26 estados que se oponen a la acción del Presidente) no se basó en la constitucionalidad, sino en la Ley de procedimiento administrativo. 

Al emitir el mandato que impedirá que entre 4 y 5 millones de inmigrantes indocumentados soliciten permisos de trabajo y obtener una suspensión temporal de tres años respecto a la deportación, Hanen encontró que por lo menos Texas tenía consideraciones para desafiar la acción ejecutiva. Los costos en los que el estado incurriría si tuviera que emitir licencias para conducir para sus estimados 825,000 inmigrantes indocumentados, quienes potencialmente cumplen los requisitos para optar por la suspensión de la deportación, fue una de las razones fundamentales de Hanen.  

No obstante, el mismo argumento no puede plantearse a lo largo de la frontera. Catorce otros estados demandantes tienen poblaciones de inmigrantes indocumentados que conforman menos de 1 por ciento de su población total, y cinco de éstos tienen menos de 5,000 personas individuales que posiblemente cumplen con los requisitos. 

El Departamento de Justicia apelará la decisión, pero si la decisión de Hanen se mantuviera, probaría ser una victoria pírrica, especialmente para Texas. Como periodista y activista a favor de la inmigración Jose Vargas señala que los trabajadores indocumentados aportan una buena cantidad de dinero a la economía de Texas.

“Los trabajadores indocumentados en Texas pagaron $1.6 mil millones en impuestos estables y locales en 2010, inclusive de $1.4 mil millones en impuestos sobre ventas y $204.4 millones en impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, según la información del Instituto para la Política de Fiscalización y Económica”, escribió Vargas en una publicación de Facebook. “Si los trabajadores indocumentados se fueran de Texas, el estado perdería $69.3 mil millones en actividad económica (y) $30.8 mil millones en Producto Estatal Bruto… según un informe de Perryman Group”. 

Los alcaldes de las 30 ciudades estadounidenses que presentaron un escrito amistoso en apoyo a la acción ejecutiva del Presidente dicen que retrasar la implementación tendrá un impacto negativo en sus economías. La acción ejecutiva “es justa, de beneficio económico para todos, y es lo correcto”, dijo el alcalde de Madison Paul Soglin. Junto a Soglin, y a nuestro propio alcalde Michael Nutter, quienes firmaron el escrito amistoso incluyen a los alcaldes de la ciudad de Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Newark (Nueva Jersey) – todas ellas ciudades con grandes poblaciones de inmigrantes indocumentados con posibilidades de cumplir los requisitos necesarios para optar por los beneficios de la acción ejecutiva. 

Tony Martinez, el alcalde de Brownsville, Texas, donde Hanen emitió su dictamen, también presentó un escrito amistoso a favor de la acción ejecutiva diciendo “que el uso de la postergación de la acción por parte del gobierno es constitucional porque la Constitución y el Congreso han conferido una discreción amplia al poder ejecutivo en cuanto a la aplicación de la ley sobre la inmigración de los EE. UU. y que el poder ejecutivo tiene una autoridad discrecional muy bien reconocida para priorizar sobre los recursos de aplicación, inclusive mediante el otorgamiento de la postergación de acciones… no solo nuestra base legal es sólida sino, igualmente importante, esto es lo correcto”.  

En Filadelfia, Natasha Kelemen de la Coalición de Pensilvania para la Inmigración y Ciudadanía, hizo eco a esas palabras. “Cientos de estudiosos de la ley aceptan que la acción ejecutiva sobre la inmigración del Presidente es constitucional y que está dentro de la autoridad que tiene. Confiamos en que el sistema de tribunales rechazará esta demanda sin mérito que sólo sirve pagar gastar el dinero de los contribuyentes”.  

La organización de la comunidad latina de Filadelfia, Juntos, también emitió una declaración diciendo a los líderes y miembros no les sorprendió la decisión. “Sabemos que esta demanda no es más que una maniobra política que representa a los funcionarios electos de todo el país que no están en sintonía y están contra la inmigración. Se trata de un asunto político; no de la ley, no de la justicia”. 

Los 26 estados demandantes en la demanda o son dirigidos por gobernadores republicanos o tienen fiscales generales republicanos. Junto con la incapacidad de los republicanos de avanzar con cualquier medida de reforma migratoria que no sea exclusivamente punitiva o abiertamente draconiana, esta demanda y su sentencia han cimentado un sentir de que el partido no están interesado en llegar al elector latino o, de hecho, en representar al electorado latino.

Mientras que los jueces nombrados por los Republicanos y los fiscales generales y gobernadores republicanos juegan con, y pronuncian sentencias sobre, nociones de “daño irreparable” en abstracto, el daño irreparable que habrán causado a ellos mismos es real, político y sin duda será sentido en cuanto a aquellos por quienes votarán los latinos en 2016.