Quienes se oponen a la histórica Proposición 19 de California temen lo peor. Aseguran que la despenalización del uso, producción y venta de marihuana es una invitación al desastre, que no justifica los estimados 1.400 millones de dólares de nuevos ingresos fiscales que recibirían las arcas estatales ni los millones ahorrados en encarcelaciones. Entre sus principales preocupaciones está el hecho de que, si es aprobada en las elecciones de noviembre, esta iniciativa generará más crimen.

"La despenalización alimenta el crimen" no es un argumento nuevo en el debate de políticas antinarcóticos. En 1999, el zar antidrogas estadounidense, el general Barry McCaffrey, afirmó que las políticas liberales en materia de estupefacientes en Holanda eran la razón por la cual ese país tenía una tasa de homicidios dos veces superior a la de Estados Unidos. Pero la estadística holandesa que citó McCaffrey incluía tanto los asesinatos como los intentos de homicidio, lo que demostró ser una manera conveniente de disimular la verdad: la cantidad de homicidios en Estados Unidos es, de hecho, cuatro veces mayor.

Este mes, el actual zar antidrogas, Gil Kerlikowske, utilizó una tesis similar en respuesta a la discusión sobre la legalización de estupefacientes en México, donde la violencia de las drogas ha dejado más de 28.000 muertos en los últimos tres años y medio. En una entrevista con Bloomberg News, él advirtió que los carteles continuarían con actividades ilícitas como la extorsión y el secuestro. "No se van a ir de repente a buscar trabajo en IBM o Microsoft, porque perdieron parte de su empresa criminal", dijo.

Si la historia ofrece algún indicio, Kerlikowske está en lo correcto, pero sólo a medias. Daniel Okrent, autor del libro sobre la ley seca, "Last Call: The Rise and Fall of Prohibition", afirmó en una entrevista que al decretarse el fin de la prohibición algunos contrabandistas que hicieron fortunas vendiendo alcohol ilegal pasaron al crimen organizado, mientras muchos otros trataron de legitimarse con actividades lícitas, primordialmente el juego en Las Vegas. Después, dijo Okrent, la tasa de criminalidad "bajo substancialmente".

Naciones como Portugal, Alemania, Australia y Brasil están experimentando con la liberalización del consumo de marihuana. Al hacer que la antigua actividad criminal ya no requiera acción judicial o de encarcelamiento es de esperarse que estas naciones vean una reducción en la tasa de criminalidad relacionada con las drogas.

Sin embargo, legalizar el uso de estupefacientes no es una panacea contra este problema. De hecho, el crimen continúa con fuerza en otras facetas del narcotráfico e, incluso, puede crecer en formas inesperadas.

Holanda, tal vez el más famoso campo de pruebas en esfuerzos de despenalización, ha generado oportunidades para aquellos involucrados en el suministro, producción y distribución de drogas.

"La realidad", dijo en una entrevista Martin Jelsma, experto en políticas internacionales anti-droga del Transnational Institute en Holanda, "es que hay un nivel significativo de crimen en el mercado de marihuana en Holanda debido a que solo la venta de pequeñas cantidades está permitida. Todo lo demás está penalizado como en cualquier otra parte". En otras palabras, el suministro sigue en manos de criminales.

Esa contradicción intrínseca entre el libre consumo y el tráfico ilegal complicó la labor de las autoridades, quienes inicialmente fueron poco estrictas con quienes se dedicaban al comercio de la droga. Como resultado, "los grupos criminales se hicieron más fuertes en Holanda" y empezaron a exportar los estupefacientes a otros países. Actualmente la policía realiza redadas diarias para "contener la producción al nivel que sea necesario para el consumo doméstico", agregó.

Este acto de malabarismo ha inducido a muchos políticos en Holanda, Suiza y otras naciones a apoyar la legalización de todo el mercado de marihuana. El gran obstáculo, más allá de cierta resistencia interna, es que dicho cambio violaría tratados antidrogas firmados en la Organización de Naciones Unidas.

Alterar dichos acuerdos requeriría de un consenso global que ha demostrado ser esquivo en el tema de las drogas ilícitas. Muchos líderes creen que la legalización es lo mismo que capitulación. "Como no puedo con ellos me rindo", dijo el presidente peruano, Alan García, en una entrevista reciente, haciendo burla de lo que considera una actitud derrotista.

Dicha perspectiva ha sido desafiada infructuosamente por años. El nuevo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha mostrado su apoyo a la reconsideración de dichos tratados. En una carta enviada al Secretario General de la ONU en 1998, Santos y otros advirtieron que "muy a menudo aquellos que claman por un debate abierto, análisis riguroso de actuales políticas y seria consideración de alternativas son acusados de haber 'capitulado'. La verdad es que rendirse es cuando el temor y la inercia se unen para callar el debate, reprimir el análisis crítico y desestimar todas las alternativas a las actuales políticas".

Doce años más tarde, el crimen y la violencia del narcotráfico solo se han esparcido y tornado en hechos más despiadados. Para cualquiera que ha visto los efectos negativos de las drogas ilícitas – los cuerpos decapitados, las masacres, los carrobombas – ya es hora de que ocurra una exploración honesta y profunda de las opciones para reducirlos.

(Marcela Sánchez ha sido periodista en Washington desde comienzos de los noventa y ha escrito una columna semanal hace siete años.)